La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que gestiona la sanidad de 1,5 millones de funcionarios, enfrenta una crisis inmobiliaria: el 30% de sus 91 viviendas de uso residencial están okupadas, según una resolución del Portal de Transparencia publicada el 26 de mayo de 2025. Estas propiedades, ubicadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Jaén y León, suman 27 inmuebles ocupados ilegalmente, con Madrid concentrando 23 casos. La situación, agravada por una gestión deficiente señalada por el Tribunal de Cuentas desde 2002, expone la vulnerabilidad de los activos públicos y el impacto de la okupación en España, un fenómeno que creció un 7,4% en 2024. Mientras el Gobierno elude preguntas sobre casos vinculados a la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, la sociedad demanda soluciones a un problema que afecta tanto a propietarios públicos como privados.
Okupación: Una Crisis que Golpea a Muface
Muface posee 91 viviendas registradas a su nombre, destinadas principalmente a funcionarios, pero el 30%—27 inmuebles—están ocupadas sin autorización. Madrid alberga 82 de estas propiedades, de las cuales 23 están okupadas, seguida por Barcelona con tres y León con una, la única que posee en esa ciudad. Bilbao y Jaén, con una vivienda cada una, están libres de okupación. De las 64 viviendas restantes, 59 están en Madrid, tres en Barcelona, y una en Bilbao y Jaén, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta distribución refleja la concentración de activos en grandes urbes, donde la presión inmobiliaria y la okupación son más intensas.
La okupación, definida como la entrada ilegal en una vivienda sin consentimiento del propietario, ha crecido en España, con 16.426 casos registrados en 2024, un 7,4% más que el año anterior. Aunque distinta del allanamiento de morada, que afecta a viviendas habitadas y es un delito más grave, la okupación de inmuebles vacíos, como los de Muface, es un problema persistente. El Tribunal de Cuentas alertó en 2002 sobre el “deficiente control” del Fondo Especial de Muface, señalando irregularidades en la adjudicación y seguimiento de estas propiedades. Este descontrol, que incluye la falta de documentación sobre subarriendos y usos no autorizados, facilita la ocupación ilegal y complica los desalojos.
La gestión de Muface también ha sido cuestionada por su opacidad. El organismo cubre gastos de mantenimiento de sus inmuebles, como limpieza, conserjería e incluso obras de gran envergadura, como una reparación de 200.000 euros en un edificio en Madrid en 1997. Estos costos, financiados con fondos públicos, no siempre se repercuten a los arrendatarios, lo que genera críticas sobre la eficiencia y equidad en la administración de estos activos. La situación refleja un problema estructural: los bienes públicos, mal supervisados, se convierten en blancos fáciles para la okupación, mientras los procesos judiciales para recuperar las propiedades son lentos y costosos.
El Caso de la Familia Gómez: Un Punto de Controversia
Un caso destacado involucra a la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que alquila tres inmuebles de Muface en Madrid a precios muy por debajo del mercado. Estos incluyen un ático de 139 metros cuadrados por 850 euros mensuales, un primer piso, y un local donde operó la sauna Adán, tasados en conjunto en 1,2 millones de euros. El ático, arrendado desde al menos 2015 por Sabiniano Gómez (fallecido en 2024) y su hermano Enrique Francisco, fue reformado para operar como pensión con 14 habitaciones hasta 2022, y luego dividido en tres apartamentos, uno ocupado por Enrique Francisco, otro alquilado, y un tercero vacío. Muface investiga si estas reformas y subarriendos contaban con autorización, ya que no hay constancia documental de los permisos requeridos por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Unos tanto y otros tan poco
La controversia se intensifica por la falta de transparencia. El Gobierno ha eludido 18 preguntas parlamentarias de PP y Vox sobre estos arrendamientos, limitándose a citar leyes genéricas de alquiler, sin aclarar cómo se fijaron los precios, si hubo revisiones, o si los subarriendos eran legales. Vox también cuestiona si los inmuebles tenían licencias para actividades comerciales, como la sauna, y si los gastos de mantenimiento, como los 200.000 euros de 1997, se trasladaron a los arrendatarios. La investigación interna de Muface, iniciada tras las revelaciones de The Objective, busca determinar si hubo irregularidades, con la posibilidad de extinguir los contratos si se confirma un subarriendo ilegal.
Este caso ha avivado las críticas sobre el favoritismo y la gestión patrimonial de Muface. Mientras el organismo paga seguros y mantenimiento de sus propiedades, los arrendamientos a precios bajos, especialmente a figuras políticamente conectadas, contrastan con el mercado madrileño, donde un ático similar puede costar cuatro veces más. La situación plantea dudas sobre la equidad y la supervisión de los bienes públicos, en un contexto donde la okupación agrava la crisis de vivienda.
Un Problema Nacional y la Búsqueda de Soluciones
La okupación no es exclusiva de Muface. ADIF, con 4.817 viviendas, reporta 172 okupadas en 2025, un 18% más que en 2024, principalmente en Cataluña y Andalucía. La Seguridad Social tiene 874 inmuebles vacíos y 179 parcialmente desocupados, mientras la Sareb registra 3.443 viviendas okupadas, un tercio en Cataluña. En total, más de 20.000 viviendas okupadas están a la venta en España, según Idealista, evidenciando un problema que afecta a propietarios públicos y privados. La presión inmobiliaria, con precios de alquiler y compra subiendo un 10% en 2025 en municipios de más de 25.000 habitantes, desplaza la demanda a zonas más asequibles, pero también incentiva la okupación en propiedades vacías.
El Gobierno enfrenta presiones para actuar. La legislación catalana, que exige alquileres sociales a propietarios antes de desahucios, ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, pero persisten normativas que ralentizan los procesos judiciales. En 2024, se registraron 26.659 desahucios por impago, superando las denuncias por okupación (15.289), lo que indica que los conflictos de vivienda van más allá de la ocupación ilegal. Expertos como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, advierten que la escasez de vivienda nueva—250.000 hogares creados anualmente frente a la mitad de construcciones—sostiene los altos precios y la tensión en el mercado.
La sociedad española, atrapada entre la crisis de acceso a la vivienda y la inseguridad jurídica, demanda soluciones. La okupación de las viviendas de Muface, especialmente el caso de la familia Gómez, simboliza un sistema donde los bienes públicos son mal gestionados y vulnerables. Propuestas como agilizar desalojos, aumentar la oferta de vivienda pública y mejorar la supervisión de activos patrimoniales ganan fuerza, pero requieren voluntad política. Mientras tanto, el 30% de okupación en Muface es un recordatorio de que la inacción tiene un costo, tanto para los funcionarios que dependen de estos recursos como para una sociedad que exige equidad y eficiencia.
Muface pierde viviendas por okupación, pero el Gobierno mira a otro lado 🏘️.
