En un contexto de creciente dificultad para acceder a una vivienda digna, un programa de sorteo de pisos públicos a precios asequibles ha captado la atención de jóvenes menores de 35 años. Esta iniciativa, promovida por administraciones locales, promete alquileres reducidos para aliviar la carga económica de una generación atrapada por alquileres prohibitivos y la imposibilidad de adquirir una propiedad. Sin embargo, el sistema de adjudicación por sorteo, aunque celebrado por algunos, genera suspicacias: ¿es una solución real al problema habitacional o una estrategia populista que recuerda las tácticas de control social empleadas en regímenes autoritarios, como la dictadura venezolana?
El programa ofrece viviendas a precios muy por debajo del mercado, una oportunidad que ha cambiado la vida de los beneficiarios. Una joven de 28 años, una de las afortunadas en el sorteo, compartió su alivio: «Me inscribí sin muchas expectativas, pero fui seleccionada. Ahora pago un alquiler que me permite ahorrar y planificar mi futuro». Su caso no es aislado. Los pisos, destinados a personas empadronadas con ingresos limitados y sin propiedades, representan una tabla de salvación en un mercado inmobiliario donde los alquileres consumen hasta el 50% de los ingresos de muchos jóvenes.
El proceso, según las autoridades, es transparente: los solicitantes se registran, cumplen con los requisitos y esperan el resultado de un sorteo público. Los ganadores acceden a contratos de alquiler a largo plazo con rentas que oscilan entre el 20% y el 30% de sus ingresos, una cifra que contrasta con los elevados costos del mercado libre. Para muchos, esta iniciativa es un paso hacia la emancipación, un sueño que parecía inalcanzable en un entorno de precariedad laboral y precios disparados.
Sin embargo, el sistema no está exento de críticas. La alta demanda de estas viviendas pone en evidencia la escasez de oferta: miles de solicitantes compiten por un número limitado de pisos, lo que genera frustración entre quienes no resultan agraciados. Este mecanismo de sorteo, aunque equitativo en teoría, despierta comparaciones inquietantes con estrategias empleadas en la Venezuela de Nicolás Maduro. En ese país, el régimen chavista ha utilizado la asignación de viviendas públicas como herramienta de propaganda, sorteando casas y departamentos para ganar el favor de la población mientras el acceso a derechos básicos sigue restringido. Los paralelismos son alarmantes: en ambos casos, el Estado se presenta como benefactor, pero la solución es parcial, beneficiando a unos pocos mientras la mayoría sigue enfrentando precariedad.
Críticos señalan que este tipo de programas, aunque bienintencionados, pueden convertirse en una cortina de humo para desviar la atención de problemas estructurales, como la falta de inversión en vivienda social a gran escala o la regulación insuficiente del mercado inmobiliario. En Venezuela, los sorteos de viviendas suelen estar acompañados de campañas mediáticas que exaltan la generosidad del gobierno, mientras la crisis económica y habitacional persiste. Aquí, aunque el contexto es diferente, la dependencia de sorteos para acceder a un derecho fundamental como la vivienda levanta sospechas sobre la sostenibilidad de la iniciativa y su posible uso como herramienta de captación de apoyo político.
Los beneficiarios, mientras tanto, celebran su suerte. «No me importa cómo lo llamen, para mí es una oportunidad real», afirmó otro joven que ahora vive en un piso adjudicado. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es este sistema una solución genuina o un espejismo populista que perpetúa la precariedad de quienes no resultan elegidos? La respuesta dependerá de si las autoridades amplían la oferta de vivienda pública o si, como en regímenes autoritarios, el sorteo se convierte en un espectáculo para calmar el descontento social sin abordar las raíces del problema.
