En España, las víctimas de la talidomida, un fármaco que causó graves malformaciones en bebés entre 1950 y 1985, han comenzado a recibir indemnizaciones tras décadas de lucha y más de cinco años de retraso desde la aprobación de la Ley 6/2018. Sin embargo, estas ayudas, que ascienden a 12.000 euros por punto de grado de discapacidad, llegan con un gravamen fiscal del 47%, lo que reduce significativamente el monto percibido. De los 130 afectados reconocidos por el Estado, solo 46 han recibido resoluciones positivas, y apenas 16 han cobrado, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite). Este “hachazo” de Hacienda, que excluye a las víctimas de las exenciones fiscales aplicadas a otros colectivos, evidencia una burocracia insensible y un sistema que, lejos de reparar una injusticia histórica, añade un nuevo agravio a quienes ya han sufrido suficiente. La sociedad, mientras tanto, observa en silencio cómo el Estado falla en su deber moral.
Una Lucha de Décadas Contra la Indiferencia
La talidomida, comercializada por Grünenthal y otras farmacéuticas, se recetó sin receta a mujeres embarazadas para tratar náuseas e insomnio entre 1950 y 1985. Introducida en España en 1959, causó focomelia (extremidades cortas o atrofiadas) y amelia (ausencia de extremidades) en unos 3.000 bebés, aunque solo 130 han sido reconocidos oficialmente. A diferencia de países como Alemania, que indemnizó a 2.700 víctimas desde 1972, o Australia, que lo hizo en 1960, España mantuvo el fármaco en el mercado hasta 1985, 22 años después de su retirada global en 1963. Este retraso, atribuido a la negligencia del régimen franquista, dejó a las víctimas sin reconocimiento ni apoyo durante décadas.
La Ley 6/2018, aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, prometió indemnizaciones de 12.000 euros por punto de discapacidad, pero no fue hasta julio de 2023 que el Real Decreto 574/2023 reguló las ayudas, tras un lustro de espera sin explicación. Avite, que representa a más de la mitad de los afectados, denuncia que el proceso de reconocimiento, liderado por el Instituto Carlos III, es restrictivo y subjetivo, excluyendo a cientos de víctimas con malformaciones similares. Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, lamenta que “solo 130 de 3.000” sean reconocidos, y critica la falta de un diagnóstico claro: “Es a criterio del examinador, con casos idénticos y resultados opuestos.”
El hachazo fiscal agrava la situación. Las ayudas, que no están exentas bajo el artículo 7 de la Ley del IRPF, enfrentan una tributación de hasta el 47%. Por ejemplo, un afectado con un 90% de discapacidad, que debería recibir 1.080.000 euros, ingresa solo 572.000 euros tras descontar 507.600 euros en impuestos. Esta exclusión contrasta con exenciones otorgadas a víctimas de VIH, hepatitis C o accidentes de tráfico, generando lo que Basterrechea describe como “una película de Berlanga” por su absurdo. Avite también denuncia que las ayudas de 2010 (30.000 a 100.000 euros para 24 víctimas) se descuentan de las nuevas, contradiciendo el carácter “complementario” prometido por la ley.
Un Sistema Burocrático que Castiga a las Víctimas
La gestión de las indemnizaciones refleja una burocracia cruel. Desde 2018, Avite ha enfrentado promesas incumplidas y bloqueos políticos. El PSOE, que apoyó exenciones fiscales para víctimas vascas en 2024, veta la misma medida a nivel nacional, alegando una pérdida de 20,3 millones de euros en ingresos fiscales. Este agravio comparativo, denunciado por Basterrechea, subraya una incoherencia: “El PSOE dice ser de izquierdas, pero no trata a todos los españoles por igual.” En mayo de 2025, Avite recurrió al Tribunal Económico-Administrativo contra Hacienda, exigiendo que las ayudas sean exentas, como ocurre con otras enfermedades.
La oposición, liderada por el PP, ha impulsado una proposición de ley para la exención fiscal, aprobada en el Senado en 2024 con apoyo de ERC, Bildu, PNV y Junts, pero bloqueada en el Congreso por PSOE y Sumar. Sumar propone incluir la exención en la Ley del Cliente Financiero, pero Avite, escéptica tras años de promesas rotas, prefiere la vía judicial.
El proceso de reconocimiento también es problemático. De 609 solicitudes evaluadas, solo 130 fueron aprobadas, tras análisis genéticos que Avite califica de arbitrarios. En 2019, Sanidad descartó 408 casos de 511 evaluados, dejando a muchas familias sin respuestas y perpetuando su sentimiento de abandono. La falta de un perdón oficial del Estado, exigido por Avite, refuerza la percepción de que las víctimas son una carga burocrática, no una prioridad moral.
El vicepresidente @PabloIglesias desgrana en el Senado las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la reparación moral y económica de los afectados por la talidomida en España 👇 pic.twitter.com/IAfxYYglNo
— Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030 (@MSocialGob) February 23, 2021
Hacia una Reparación Verdadera
La tragedia de la talidomida no es solo médica, sino política. España, bajo el franquismo, permitió la comercialización del fármaco durante décadas, ignorando alertas internacionales. Hoy, el Estado democrático sigue fallando a las víctimas con retrasos, impuestos y procesos opacos. La lucha de Avite, que prepara demandas contra Grünenthal y la Fundación Contergan alemana, busca no solo compensación, sino dignidad. Alemania paga hasta 9.234 euros mensuales a 2.700 víctimas, mientras en España solo 10 acceden a estas pensiones.
La sociedad debe exigir una solución. La exención fiscal, apoyada por la mayoría de los partidos, es un primer paso, pero urge un reconocimiento oficial y un proceso inclusivo que no descarte a víctimas por tecnicismos. Las 600 víctimas vivas, de las 3.000 estimadas, merecen justicia, no migajas fiscales. El Gobierno debe escuchar a Avite y actuar con la empatía que ha faltado durante 70 años. Mientras tanto, la indiferencia social y política perpetúa una deuda histórica que España no puede seguir ignorando.
Hacienda cobra el 47% a las víctimas de la talidomida: justicia a medias no es justicia ⚖️.
