En los últimos días, las calles de Belgrado han sido escenario de masivas protestas contra el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, acusado por la oposición de corrupción y falta de transparencia. Las manifestaciones, que estallaron tras el colapso de un tejado en una estación de tren en Novi Sad que dejó 15 fallecidos en noviembre pasado, reunieron a más de 100.000 personas el pasado sábado, convirtiéndose en una de las concentraciones más numerosas de la historia reciente del país. Sin embargo, lo que ha captado mayor atención son las denuncias sobre el supuesto uso de armas sónicas por parte de las fuerzas de seguridad serbias para dispersar a los manifestantes, un hecho que ha generado controversia y debate.
Funcionarios de la oposición y organizaciones de derechos humanos han señalado que las autoridades emplearon dispositivos acústicos, conocidos como LRAD (Long-Range Acoustic Device), durante un momento de silencio de 15 minutos que los manifestantes dedicaron a las víctimas de Novi Sad. Según testigos, un sonido ensordecedor irrumpió de repente, desencadenando pánico y una breve estampida entre la multitud. Los afectados describieron síntomas como dolores intensos de cabeza, náuseas y desorientación. Estas acusaciones han llevado a grupos opositores a anunciar que presentarán cargos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tribunales nacionales contra quienes habrían ordenado el uso de estas armas, consideradas por muchos como una herramienta de represión desproporcionada.
Por su parte, el Gobierno serbio ha negado rotundamente las acusaciones. Aunque no ha desmentido la posesión de dispositivos acústicos en su arsenal, asegura que no fueron utilizados durante las protestas del sábado. El presidente Vucic y otros altos cargos han insistido en que las fuerzas de seguridad actuaron dentro de la legalidad y han calificado las denuncias como un intento de deslegitimar al Ejecutivo y avivar el caos. Además, el Ministerio del Interior ha pedido a las autoridades judiciales investigar las afirmaciones, mientras algunos medios oficiales han sugerido que los sonidos reportados podrían provenir de otras fuentes, como altavoces utilizados para advertencias o dispersión pacífica.
El LRAD, descrito por expertos como un cañón sónico, es un dispositivo que emite ondas de sonido dirigidas a altas frecuencias y volúmenes, capaces de alcanzar hasta 160 decibeles. Este nivel de sonido puede provocar dolor auditivo intenso, desorientación y pánico en las personas expuestas, y una exposición prolongada podría causar daños irreversibles en el sistema auditivo, como la ruptura del tímpano. Aunque está diseñado como un arma no letal, su uso en contextos civiles es altamente controvertido, y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de emplearlo en manifestaciones pacíficas, ya que puede generar reacciones de pánico que deriven en situaciones peligrosas como estampidas.
Las protestas en Belgrado, lideradas en gran parte por estudiantes y apoyadas por diversos sectores de la sociedad, exigen la dimisión de Vucic y una mayor rendición de cuentas tras el accidente en Novi Sad, que muchos atribuyen a negligencia y corrupción en contratos de infraestructura. La magnitud de las movilizaciones ha puesto al Gobierno bajo una presión sin precedentes, y las acusaciones sobre el uso de armas sónicas han añadido un nuevo elemento de tensión al conflicto. Mientras las autoridades insisten en que las manifestaciones son un intento de desestabilización orquestado desde el exterior, los manifestantes y la oposición sostienen que sus derechos a la protesta pacífica están siendo reprimidos.
Este episodio ha reavivado el debate sobre el uso de tecnologías no convencionales en el control de multitudes y los límites de la actuación policial en contextos democráticos. Organizaciones como el Centro de Política de Seguridad de Belgrado han condenado lo que consideran un “despliegue ilegal e inhumano” de dispositivos acústicos, argumentando que su uso busca criminalizar a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. Por ahora, el enfrentamiento entre el Gobierno y los manifestantes no muestra signos de disminuir, y las investigaciones sobre lo ocurrido el sábado serán clave para determinar si las acusaciones tienen fundamento o si, como sostiene el Ejecutivo, se trata de una narrativa destinada a inflamar aún más el descontento social.
