En 2023, RTVE y las televisiones y radios autonómicas de España recibieron más de 2.000 millones de euros de fondos públicos, una cifra que duplica los 840 millones destinados a la investigación del cáncer en los últimos seis años. Según un informe, RTVE consumió 1.064,6 millones, las televisiones autonómicas 986 millones y las radios autonómicas 83,8 millones, mientras el país enfrenta una crisis económica con un 23% de hogares sin ahorros y casi tres millones de niños en riesgo de pobreza. Este gasto, que no se traduce en audiencia (RTVE apenas alcanza un 10,5% de programas), ha sido denunciado como un “despilfarro” por sectores que critican su politización al servicio de PSOE y PP. Con programas ideológicos, contratos opacos y déficits crecientes, el modelo de medios públicos, que incluye 6.904 empleados en RTVE y una deuda de 689 millones, plantea un debate urgente sobre la eficiencia y prioridades en un país con necesidades sociales apremiantes.
🚨📈NUEVO INFORME: Televisión pública y control político
— Fundación Disenso (@FDisenso) June 23, 2025
El Gobierno de Sánchez destinó en 2023 más de 1000 millones de euros a RTVE, lo que ha quedado reflejado en su contenido, con programas alineados con el discurso político del PSOE.
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Un Gasto Desproporcionado en un Contexto de Crisis
El informe revela que RTVE, con un presupuesto de 1.193 millones en 2023, destinó 489,7 millones a salarios de 6.904 empleados, incluyendo 190 directivos con una retribución media de 90.653 euros. A esto se suman 227,8 millones en productoras externas, como los 28,1 millones para La Revuelta de David Broncano, un programa acusado de ser un vehículo de “marxismo cultural”. Las televisiones autonómicas, gestionadas por PSOE y PP, no se quedan atrás: TV3 en Cataluña recibió 336 millones en 2023, mientras la Radiotelevisón Valenciana acumula una deuda de 1.139 millones. Este gasto, que supera los 923,4 millones totales en 2022, contrasta con la caída de audiencia, con TV3 perdiendo competitividad frente a plataformas de streaming.
El contraste con otras prioridades es alarmante. Los 2.000 millones anuales en medios públicos doblan los 840 millones invertidos en investigación oncológica entre 2017 y 2023, un periodo en el que el cáncer afectó a 290.000 españoles al año. Mientras, el 28% de los niños están en riesgo de exclusión social, y el 16% de los hogares depende de ayuda externa para subsistir. En X, usuarios han calificado este gasto de “obsceno”, señalando que podría financiar 20.000 viviendas anuales o tratamientos para enfermos de ELA. La percepción de despilfarro se agrava por la falta de transparencia en contratos y la publicidad institucional, que convierte al Gobierno en uno de los principales anunciantes del país.
La situación financiera de RTVE es insostenible. En 2024, cerró con un déficit de 12,8 millones, tras gastar 30 millones más de lo presupuestado, pese a recibir 100 millones extra para la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Su deuda alcanzó 689 millones en 2023, un 6,5% más que en 2022, y una auditoría de Hacienda apunta a un posible agujero de 739 millones por disputas sobre el IVA desde 2018. Las televisiones autonómicas, con déficits como el de Telemadrid o Castilla-La Mancha, replican este modelo de ineficiencia, alimentado por directivos afines a los partidos en el poder.
Politización y Propaganda al Servicio del Poder
La deriva de RTVE como “instrumento al servicio del PSOE” ha sido un punto central de las críticas. Programas como Dieciocho, con 11 millones de euros invertidos, son acusados de “blanquear” la inmigración ilegal, mientras La Revuelta y otros formatos reflejan una agenda ideológica progresista. La Fundación Disenso señala que el Consejo de Administración de RTVE, con nombramientos respaldados por PSOE y sus socios (ERC, Junts, PNV), prioriza la propaganda sobre el servicio público. En X, usuarios han denunciado que periodistas afines al Gobierno, con sueldos de hasta 500.000 euros anuales, reproducen argumentarios socialistas, mientras la audiencia de informativos cae al 9,2%.
Las televisiones autonómicas no escapan a esta politización. En Cataluña, TV3 es vista como un altavoz del separatismo, con contenidos que refuerzan la narrativa independentista. En regiones gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia, los nombramientos de directivos, como José Antonio Sánchez en Telemadrid, reflejan un “dedazo” partidista. El informe critica esta “telaraña financiera” que beneficia a productoras cercanas al poder, como El Terrat (28,1 millones por La Revuelta) o Shine Iberia (8,8 millones por MasterChef). La externalización, que alcanzó 292 millones en 2023, ignora los recursos internos de RTVE, con 6.550 empleados, y perpetúa un modelo de “enchufismo” y “clientelismo”.
La publicidad institucional agrava el problema. Con un gasto que posiciona al Ejecutivo como un anunciante clave, el Gobierno usa fondos públicos para reforzar líneas editoriales afines, una práctica denunciada como “instrumentalización”. En 2023, RTVE destinó más del 50% de su programación a la Agenda 2030, alineándose con los objetivos progresistas del PSOE. Esta falta de pluralidad, sumada a la ausencia de modernización digital, como la reforma de RTVE Play, refuerza la percepción de una televisión pública al servicio del poder, no de los ciudadanos.
🏛️ @Pepa_Millan inaugura las jornadas sobre la deriva de RTVE en el Congreso de los Diputados y denuncia que la prioridad de Sánchez y sus socios era controlar la televisión pública.
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 23, 2025
"La han convertido en un instrumento al servicio del PSOE".
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Un Modelo Insostenible que Exige Reformas
El modelo de financiación de RTVE y las autonómicas es un lastre. RTVE, que recibe el 50% de su presupuesto de los Presupuestos Generales del Estado y el resto de tasas a privadas (3% a canales en abierto, 1,5% a de pago, 0,9% a telecos), no ha sabido contener su gasto. En 2024, recurrió al fondo de reserva de 38,3 millones para tapar un déficit de 30 millones, algo no visto desde 2019. Las autonómicas, con 923,4 millones en 2022, dependen de subvenciones regionales, como los 284 millones de TV3, que no justifican su impacto social ni económico. La propuesta de José Pablo López, presidente de RTVE, de reducir un 15% los cargos directivos y crear RTVE Estudios, no aborda el problema estructural.
Las soluciones pasan por una reestructuración profunda. La externalización, que consume un cuarto del presupuesto de RTVE, podría reducirse usando los 6.904 empleados actuales, cuya plantilla supera en un 52% la de Atresmedia y Mediaset juntas. La digitalización de RTVE Play, que no compite con Netflix o HBO, es urgente para captar audiencias jóvenes, que apenas consumen La 1 (10,5% de share). Las autonómicas, con modelos como el de Baleares o Canarias, que externalizan informativos, podrían privatizarse parcialmente para aliviar las arcas públicas. En X, usuarios proponen cerrar RTVE y destinar sus fondos a sanidad o vivienda, reflejando el hartazgo con un sistema “insostenible”.
La comparación con otros países es reveladora. En Francia, France Télévisions opera con 2.900 millones, pero con una audiencia del 28%. En Alemania, ARD y ZDF, con 8.400 millones, alcanzan un 30% de share. España, con 2.000 millones, no logra ni la mitad de impacto. La falta de un modelo definido, que combine servicio público con eficiencia, perpetúa un despilfarro que beneficia a élites políticas y productoras, no a los ciudadanos.
Un Futuro que Exige Prioridades Claras
El despilfarro de RTVE y las televisiones autonómicas es un reflejo de las prioridades equivocadas de PSOE y PP. Mientras España lidera la pobreza infantil en la Eurozona, con tres millones de niños en riesgo, y la investigación del cáncer recibe menos de la mitad de los fondos de los medios públicos, el modelo actual es indefendible. La politización, con consejos de administración al servicio de los partidos, y la falta de pluralidad convierten a RTVE en un “tentáculo del poder”, como denunció VOX en el Congreso. Las autonómicas, con déficits millonarios y audiencias en caída, replican este modelo a escala regional.
La sociedad exige un cambio. Reducir la externalización, limitar la publicidad institucional y priorizar contenidos plurales sobre propaganda son pasos urgentes. La deuda de 689 millones de RTVE y los 1.139 millones de la Radiotelevisón Valenciana son una hipoteca para futuras generaciones. España necesita un debate honesto sobre el papel de los medios públicos: ¿deben ser altavoces del poder o herramientas al servicio de todos? Sin reformas, los 2.000 millones anuales seguirán siendo un despilfarro que agrava la desigualdad en un país al límite.
2.000 millones para propaganda: ¿es este el servicio público que España necesita? 📺
