En un anuncio cargado de simbolismo, a pocos días del Primero de Mayo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 29 de abril de 2025 el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial. Esta medida, una de las promesas estrella del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, marca un hito en la modernización de las condiciones laborales en España, buscando mejorar la calidad de vida de más de 12 millones de trabajadores del sector privado. La iniciativa, que será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, también incluye reformas para fortalecer el control horario y garantizar el derecho a la desconexión digital, en un esfuerzo por combatir los abusos laborales y promover un equilibrio entre vida personal y profesional.
La propuesta, presentada en la clausura del Congreso de CCOO Industria en Toledo, es el resultado de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tras casi un año de negociaciones. Sin embargo, la patronal CEOE se desmarcó del pacto, expresando su “profundo rechazo” y denunciando el “oportunismo político” del Gobierno al aprobar la norma en vísperas del Día del Trabajo. La CEOE argumenta que la reducción de jornada, que recorta el límite legal de 40 horas semanales establecido en 1983, tendrá un “grave impacto” en la actividad económica, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 50% del tejido empresarial español. Según estimaciones de la patronal, el coste adicional para las empresas podría oscilar entre 21.000 y 24.000 millones de euros anuales, una cifra que ha generado preocupación en sectores como el comercio y la hostelería.
Es una norma que mejora la vida de las personas
El Gobierno ha aprobado la reducción de la jornada laboral.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 4, 2025
Pasará de 40 horas a 37, 5 en cómputo anual sin reducción de salario.
"Vivir mejor, trabajar menos y ser más productivos. Una norma que mejora la vida de las personas." Así lo explica la vicepresidenta @Yolanda_Diaz_. pic.twitter.com/R1a1JO9PIE
El proyecto de ley, que ya superó su primera lectura en el Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, incorpora los informes preceptivos, incluyendo el del Consejo Económico y Social (CES), que, aunque reconoció la relevancia social de la medida, señaló que su impacto económico está “insuficientemente fundamentado”. La norma establece que las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos al nuevo máximo de jornada. Además, introduce cambios significativos en el control horario, exigiendo registros digitales objetivos y accesibles para evitar prácticas como las horas extraordinarias no remuneradas. Díaz destacó que, al asumir el cargo, se realizaban más de 6 millones de horas extras sin retribución a la semana, una cifra que se ha reducido a 2,5 millones, pero que aún requiere mayor supervisión.
La reducción de jornada también beneficia a los trabajadores a tiempo parcial, quienes mantendrán sus horas contratadas con un incremento salarial proporcional. Otro pilar de la reforma es el derecho a la desconexión digital, que busca proteger la salud mental de los empleados frente al estrés derivado de la conexión permanente. Según Díaz, esta medida no es solo una reforma laboral, sino “un proyecto de país” que democratiza los beneficios de la productividad, reduce el absentismo y promueve la igualdad al equilibrar el trabajo productivo y reproductivo. Encuestas como el barómetro de laSexta reflejan un amplio respaldo ciudadano, con un 68,1% de los españoles apoyando la reducción de jornada.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación final no será sencillo. La tramitación parlamentaria, que se espera dure unos cuatro meses por la vía de urgencia, enfrenta obstáculos debido a la falta de apoyos garantizados. Junts per Catalunya ha anunciado su rechazo, argumentando que la medida no cuenta con el respaldo empresarial y no es una prioridad para los trabajadores. Junto con el “no” del Partido Popular y Vox, la propuesta podría quedarse varada en el Congreso. Los sindicatos, liderados por Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han prometido vigilar que la norma no se “desnaturalice” durante el trámite parlamentario, mientras que el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha abogado por introducir medidas de flexibilidad para las pymes, una postura que generó tensiones con Trabajo en enero de 2025.
El contexto político añade complejidad
El contexto político añade complejidad. La aprobación llega tras meses de retrasos, ya que el acuerdo de coalición preveía una reducción intermedia a 38,5 horas en 2024, un objetivo que no se cumplió. Las diferencias entre los ministerios de Trabajo y Economía, con Cuerpo abogando por una tramitación ordinaria y apoyos a empresas, retrasaron el proceso, generando críticas de los sindicatos. Además, la medida coincide con un panorama político tenso, marcado por el aumento del gasto en defensa y el reciente rechazo parlamentario a iniciativas como la revalorización de pensiones. La elección del 29 de abril, justo antes del Primero de Mayo, refuerza el simbolismo de la reforma, pero también ha sido interpretada como un movimiento estratégico de Sumar para consolidar su base electoral.
Hay que cumplir el acuerdo de Gobierno: reducción de jornada en 2025. Trabajar menos, vivir mejor. No les fallaremos.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 17, 2024
¡¡¡DEL BARCO ⛵ DE CHANQUETE 🐟 NO NOS MOVERÁN!!!
A nivel internacional, España se suma a países como Francia, que implementó las 35 horas semanales en 2000, y Portugal, que experimenta con semanas de cuatro días. Sin embargo, el modelo español, que no reduce salarios, contrasta con experiencias como la de Reino Unido, donde algunos sectores han recortado jornadas a costa de ajustes salariales. Según un informe del Banco de España de 2024, la reducción de jornada podría incrementar la productividad por hora en un 2,5% a medio plazo, aunque su impacto en el empleo dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse. En contraste, un estudio de la Fundación BBVA advierte que las pymes podrían enfrentar una pérdida de competitividad si no se implementan medidas de acompañamiento.
La aprobación de esta ley representa un paso audaz hacia la modernización del mercado laboral español, pero su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para negociar apoyos parlamentarios y mitigar las preocupaciones de los empresarios. Mientras los trabajadores celebran la perspectiva de más tiempo libre, las pymes se preparan para un desafío que podría redefinir el equilibrio entre productividad y bienestar.
¡Adiós a las 40 horas! Sánchez y Díaz apuestan por trabajar menos, pero las pymes ya tiemblan ante el ‘regalo’ preelectoral del primero de mayo. ⌛💼
