En un cambio histórico para el mercado laboral español, el número de empleados públicos ha superado al de trabajadores autónomos por un margen de 441.000, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este fenómeno, registrado a finales de 2024, marca un hito inédito que refleja el crecimiento sostenido del empleo público en los últimos años frente al estancamiento de los emprendedores y trabajadores por cuenta propia. La situación ha generado un intenso debate sobre las dinámicas laborales, la precariedad del sector privado y las políticas económicas que han llevado a este desequilibrio.
A finales del pasado año, el empleo público, que incluye a funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, alcanzó los 3,59 millones de trabajadores, la segunda cifra más alta de la serie histórica según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este número supone un aumento de casi medio millón de empleados públicos desde el segundo trimestre de 2018, cuando se registraban 3,12 millones. En contraste, los trabajadores autónomos apenas han crecido en el mismo período, pasando de 3,08 millones a 3,15 millones, un incremento de solo 70.000 personas. Este crecimiento, además, se ha concentrado principalmente en autónomos sin empleados, lo que evidencia una mayor precariedad en este colectivo.
El aumento del empleo público ha sido impulsado por las contrataciones en administraciones públicas y grandes empresas, especialmente en 2024, un año en el que se crearon 40 nuevos puestos públicos al día, según datos oficiales. Las comunidades autónomas que lideraron este incremento fueron Andalucía, Madrid y Cataluña, que juntas concentran más de la mitad de los empleados públicos del país. Sin embargo, regiones como Canarias y La Rioja destacaron por su crecimiento porcentual, con incrementos superiores al 11% en el empleo público durante el último año. En el lado opuesto, autonomías como Extremadura, Murcia y Baleares registraron caídas trimestrales en este sector.
Por su parte, el colectivo de autónomos ha enfrentado un panorama complicado. Aunque en 2024 se registró un aumento neto de 42.000 trabajadores por cuenta propia, este crecimiento se concentró en Madrid y Andalucía, que aportaron más de la mitad de las nuevas altas. En el resto del país, el balance fue desigual: diez comunidades autónomas ganaron autónomos, mientras que siete los perdieron. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido sobre la caída de autónomos empleadores y pequeñas empresas, un indicador preocupante para la generación de empleo. Desde 2018, el número de autónomos con trabajadores a su cargo ha disminuido un 4,7%, situándose en 487.922 en octubre de 2024, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
MIENTRAS ALGUNOS SE CONFORMAN CON VER QUE OTROS PAÍSES ESTÁN IGUAL DE MAL, MAL DE MUCHOS CONSUELO DE TONTOS
Países con mayor porcentaje de funcionarios:
— Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) October 29, 2022
🇳🇴Noruega
🇸🇪Suecia
🇩🇰Dinamarca
Con mayor % de autónomos:
🇳🇪Níger
🇨🇫República Centro Africana
🇹🇩Chad
En la OCDE:
🇬🇷Grecia
🇹🇷Turquía
🇲🇽México
🇨🇱Chile
Y todavía hay quien defiende que en España sobran funcionarios y faltan autónomos🤷♂️ pic.twitter.com/qsjeQHZufz
El crecimiento del empleo público no ha estado exento de críticas. Algunos analistas señalan que este aumento ha servido para “maquillar” un mercado laboral cada vez más precario, donde la figura del fijo discontinuo ha ocultado parte del desempleo real. Además, los sueldos de los asalariados se han acercado progresivamente al salario mínimo, lo que refleja una pérdida de poder adquisitivo generalizada. Un informe publicado en 2024 estimó que España tiene un exceso de 1,5 millones de empleados públicos, con un coste laboral de 66.700 millones de euros anuales, equivalente al 5% del PIB. Este análisis, elaborado por el CEU-CEFAS, argumenta que el gasto público se ha disparado para financiar redes clientelares y “comprar votos” a través de empleos públicos y prestaciones generosas.
La brecha salarial entre el sector público y el privado también ha generado debate. En 2025, la diferencia de sueldos entre trabajadores públicos y privados en España se situó cerca del 25%, triplicando la media de la zona euro. Esta disparidad, junto con beneficios como el teletrabajo —el 48,8% de los empleados públicos mantenían jornadas remotas en enero de 2025— y la estabilidad laboral, ha llevado a que el 68% de los trabajadores del sector privado consideren opositar para un puesto público, según una encuesta de OpositaTest. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuatro de cada diez citan las dificultades para acceder a la vivienda como el principal motivo para buscar un empleo en la Administración.
Publicaciones en X reflejan el descontento y la preocupación por este hito. Algunos usuarios han calificado la situación como un “disparate” que anticipa un declive económico, señalando que muchos autónomos mayores se mantienen activos solo porque están cerca de la jubilación, pero que los más jóvenes abandonan ante las dificultades. Otros posts destacan el crecimiento descontrolado del empleo público como un reflejo de políticas que priorizan el clientelismo sobre el desarrollo productivo, comparando la situación con modelos económicos de países como Venezuela.
❗Funcionarios/empleados públicos en 🇪🇦:
— Alexcarasa 🗽 (@Carasa_Gadsden) January 29, 2021
3.379.000
❕Autónomos en 🇪🇦:
3.092.000
Vivimos en un país en el que es más fácil encontrarte con un funcionario que con un emprendedor.
Insostenible.
En términos sociales, el aumento de empleados públicos también ha impactado otros indicadores. Por ejemplo, el 82% de los funcionarios optan por seguros de salud privados frente al sistema público, lo que refleja una desconfianza en los servicios estatales a pesar de trabajar para el Estado. Además, la plantilla pública enfrenta un envejecimiento preocupante: más de 300.000 empleados se jubilarán antes de 2025, lo que podría generar problemas de reposición en sectores clave como la sanidad o la justicia.
Mientras tanto, los sindicatos de empleados públicos han intensificado sus demandas. En abril de 2025, exigían una subida salarial pendiente del 0,5% con carácter retroactivo desde 2024, lo que supondría 168 euros más al año por trabajador, según estimaciones del CSIF. También reclaman una actualización del 2,8% en 2025 para compensar el IPC, lo que añadiría 80 euros mensuales por empleado. Estas demandas, que suman un costo de 1.224 millones de euros, han generado tensiones con el Gobierno, que vincula los incrementos a la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025, un proceso que aún está en el aire.
Este hito laboral pone de manifiesto las profundas transformaciones del mercado de trabajo en España. Mientras el empleo público crece, los autónomos luchan por sobrevivir en un entorno de alta presión fiscal, rigidez laboral y falta de apoyos. La pregunta que queda en el aire es si este desequilibrio es sostenible a largo plazo o si, como advierten algunos expertos, podría agravar las tensiones económicas y sociales en un país que aún enfrenta retos como el desempleo juvenil y la precariedad.
¿Más funcionarios que autónomos? Mi pregunta es de donde sale el dinero para pagar a esos funcionarios.
