Promesas, pancartas y postureo, mientras la realidad golpea a las victimas.
Desde que Irene Montero asumiera el cargo de ministra de Igualdad en 2020, el presupuesto de este departamento ha crecido como la espuma, con partidas específicas para combatir la violencia de género, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, y apoyar a colectivos vulnerables. Sin embargo, a pesar de semejante inversión, la realidad en las calles sigue siendo desoladora. Las agresiones no cesan, la disminución de asesinatos no se mantiene en el tiempo y los recursos que deberían estar salvando vidas, parecen diluirse en proyectos prescindibles y opacos.
En 2023, el Ministerio de Igualdad batió récords con un presupuesto de 573 millones de euros. Más de la mitad de esa cifra se destinó a iniciativas contra la violencia de género. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lejos de observar mejoras significativas, la situación se mantiene estancada.
La pregunta es inevitable: ¿está funcionando esta política? La respuesta está clara: no.
Una parte sustancial de fondos se esfuma en programas que poco o nada tienen que ver con la protección de mujeres maltratadas. Estas políticas han apostado fuertemente por financiar asociaciones que, lejos de trabajar directamente con víctimas, se dedican a actividades de formación en perspectiva de género y reeducación emocional con dudoso respaldo científico. Asi como a catas, talleres, demostraciones y pintadas en pasos de peatones o bancos con los colores del arcoíris. Algunas de estas organizaciones han recibido subvenciones millonarias sin rendir cuentas de los resultados obtenidos, ni mostrar informes de impacto que justifiquen la continuidad de sus programas.
Estos gastos han abierto una herida, incluso entre sectores que apoyan firmemente al ministerio y la lucha contra la violencia de género. Muchos se preguntan por qué no se refuerzan las medidas, por qué no hay más personal especializado, por qué las pulseras de localización para agresores siguen siendo limitadas o por qué tantas mujeres denuncian sin recibir la atención y los resultados adecuados. Se invierte dinero público en sesiones de eco-respiración inclusiva, mientras los servicios sociales siguen saturados y sin personal suficiente.
El caso del Ministerio de Igualdad se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo una supuesta buena intención puede derivar en algo totalmente contraproducente cuando no se sabe gestionar. Los resultados no respaldan el discurso, y la desconexión entre las prioridades del Ministerio y las necesidades de las victimas reales es cada vez más evidente.
Muchas voces dentro del propio movimiento feminista piden una revisión exhaustiva y, sobre todo, objetiva del modelo actual. Reclaman menos propaganda, más transparencia y, en general, medidas realmente efectivas que arrojen resultados positivos. Porque al final, lo único que importa es que ni una mujer más sea asesinada mientras el dinero se pierde entre talleres que no tienen sentido y campañas con resultados nefastos.
La violencia hacia las mujeres es una realidad que exige respuestas contundentes. Precisamente por eso cada euro cuenta y malgastar el dinero es no solo una irresponsabilidad, sino una traición a las víctimas.
