La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba una estafa piramidal basada en falsas inversiones en criptomonedas, dejando más de 3.600 víctimas, principalmente en España, y un fraude estimado en más de 30 millones de euros. La operación, que culminó con la detención de ocho personas en Málaga, Murcia y Madrid, fue el resultado de casi tres años de investigación por parte de la sección de Fraude de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). La red estaba liderada por un programador informático arrestado en Málaga, acompañado de otros miembros con perfiles variados, incluyendo expertos en marketing y diseño web, quienes crearon una plataforma que parecía legítima para captar a los inversores a través de internet y redes sociales.
La investigación comenzó en 2022 tras la denuncia de una víctima en Murcia, que permitió descubrir una estructura fraudulenta diseñada para engañar a los usuarios. La estafa prometía rentabilidades exorbitantes, como un 40% mensual o hasta un 300% anual, utilizando el atractivo de las criptomonedas, especialmente bitcoin. Los contratos analizados por los investigadores revelaban estas promesas imposibles, que inicialmente generaban pequeñas ganancias para los primeros inversores —sostenidas únicamente por los fondos de nuevos clientes— antes de colapsar, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperar su dinero. Además, los estafadores llegaron a crear una criptomoneda propia sin valor alguno, ofreciéndola como una supuesta alternativa para recuperar inversiones, lo que agravó el engaño.
El modus operandi de la red incluía facilitar a los usuarios la conversión de euros a bitcoin, incluso tomando control remoto de sus dispositivos con el permiso de algunas víctimas, lo que también les permitió acceder a datos personales y bancarios. Los afectados abarcaban perfiles diversos, desde particulares sin experiencia previa en criptomonedas hasta empresas, y provenían de hasta 36 países distintos. Durante la operación policial se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, cinco motocicletas, equipos informáticos y 1.500 euros en efectivo, evidenciando el alcance económico de la trama.
La Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes, cada vez más comunes en el ámbito digital. Entre ellas, destacan verificar la legitimidad de las entidades a través de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desconfiar de promesas de altas rentabilidades en cortos plazos, evitar esquemas que exijan captar nuevos inversores para obtener beneficios y rechazar solicitudes de instalación de aplicaciones de control remoto para supervisar inversiones. Asimismo, las autoridades advierten contra la urgencia impuesta para invertir y contra supuestas ayudas de bufetes o entidades que prometen recuperar el dinero perdido, ya que suelen ser parte del mismo engaño.
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las estafas relacionadas con criptomonedas y la necesidad de una mayor educación financiera para proteger a los ciudadanos frente a este tipo de delitos. Las autoridades han señalado que continuarán trabajando para desarticular redes similares y han hecho un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de fraude para evitar que estas prácticas sigan proliferando.
