El 19 de mayo de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ordenó a Airbnb retirar de inmediato 65.935 anuncios de viviendas turísticas considerados ilegales por incumplir normativas de publicidad en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi y Galicia. La decisión, respaldada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avala la retirada de una primera tanda de 5.800 anuncios, responde a la falta de licencias, información engañosa sobre los arrendadores y números de registro inválidos. Esta medida, enmarcada en una ofensiva iniciada en junio de 2024, busca combatir el “descontrol” de los pisos turísticos, pero genera tensiones con Airbnb, que recurrirá las resoluciones, y críticas por su impacto en el turismo y las pymes. Mientras el Gobierno prioriza el derecho a la vivienda, la sociedad debate si esta cruzada aborda las causas reales de la crisis habitacional o castiga un sector económico clave.
Consumo anuncia una investigación a grandes gestoras de pisos turísticos por potenciales prácticas engañosas.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy) December 12, 2024
Esta investigación se suma a otras abiertas sobre publicidad de pisos turísticos sin licencia y el cobro de comisiones irregulares por grandes inmobiliarias. pic.twitter.com/VMN1m86K3n
Una Ofensiva Contra el Descontrol de Pisos Turísticos
El Ministerio de Consumo lleva meses persiguiendo anuncios ilegales en plataformas como Airbnb, que domina el 80% del mercado de alquiler turístico en España, con más de 300.000 alojamientos registrados en 2024, según Statista. Desde junio de 2024, Consumo ha emitido tres resoluciones identificando 65.935 anuncios que vulneran normativas autonómicas, principalmente por:
- Ausencia de licencia o registro, obligatorio en comunidades como Cataluña y Baleares.
- Falta de información sobre el arrendador, ocultando si es un particular o una empresa, lo que afecta los derechos del consumidor.
- Licencias inválidas, que no corresponden a las expedidas por las autoridades.
El TSJM, al respaldar la primera resolución, ordenó la retirada inmediata de 5.800 anuncios en seis comunidades, marcando un precedente para los 60.135 restantes. Bustinduy, en declaraciones a RTVE, celebró la medida como “una victoria para el derecho a la vivienda”, argumentando que los pisos turísticos agravan la escasez de alquiler residencial, con un aumento del 30% en los precios en destinos como Barcelona desde 2019, según Idealista. En X, la ministra Mónica García (@Monica_Garcia_G) afirmó que “se acabó la especulación que convierte barrios en decorados”, reflejando el apoyo de Sumar a la ofensiva.
Sin embargo, Airbnb, a través de su filial irlandesa, cuestiona la competencia de Consumo para regular un sector gestionado por autonomías y denuncia una “metodología indiscriminada”. La plataforma, que recurrió las resoluciones y planea seguir haciéndolo, defiende su papel como intermediario neutro, argumentando que los propietarios son responsables de cumplir las normativas. La ofensiva de Consumo incluye expedientes sancionadores abiertos en diciembre de 2024 y febrero de 2025 contra Airbnb y gestoras de pisos por prácticas como ocultar la naturaleza jurídica del arrendador, con multas potenciales de hasta 100.000 euros por infracción grave, según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Impacto en el Turismo y las Pymes
La orden de Consumo ha generado un debate polarizado. Por un lado, el Gobierno y colectivos vecinales, como la Federación de Asociaciones de Barrios de Barcelona, aplauden la medida, señalando que los pisos turísticos desplazan a residentes y encarecen el alquiler. En Madrid, el 60% de los alojamientos de Airbnb están en el centro, donde los alquileres han subido un 25% desde 2020, según Fotocasa. Bustinduy insiste en colaborar con autonomías para “blindar los derechos de los consumidores” y facilitar el acceso a la vivienda, un problema que afecta al 17% de los españoles, incapaces de pagar un alquiler medio de 1.000 euros, según el Banco de España.
Por otro lado, la medida amenaza al sector turístico, que representa el 12,8% del PIB español (155.000 millones de euros en 2024, según Exceltur). Las pymes, que gestionan el 70% de los pisos turísticos, según la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), enfrentan pérdidas significativas. Un propietario medio en Barcelona, con ingresos de 15.000 euros anuales por alquilar su piso, podría cerrar su negocio si se endurecen las regulaciones, afectando a sectores asociados como la hostelería y el comercio. En X, usuarios como @elconfidencial critican que la medida “castiga a pequeños propietarios”, mientras el PP y Vox acusan al Gobierno de atacar la libertad de mercado y el turismo, proponiendo regulaciones autonómicas más flexibles.
La falta de coordinación con las autonomías, responsables de las normativas turísticas, agrava las tensiones. Mientras Baleares exige licencias estrictas, Andalucía ha relajado sus requisitos, generando un mosaico regulatorio que confunde a propietarios y plataformas. Airbnb aboga por un modelo como el francés, con registros unificados y límites de alquiler de 120 días al año, pero Consumo insiste en sanciones, ignorando propuestas de diálogo. Esta rigidez, sumada al expediente sancionador contra una inmobiliaria por prácticas abusivas el 27 de marzo de 2025, refleja una estrategia de mano dura que no aborda la raíz del problema habitacional, como la falta de vivienda pública, que representa solo el 2,5% del parque español frente al 9% de Francia.
La política social debe fundar horizontes de certidumbre para un mundo en crisis. En mi primera intervención como miembro del Gobierno, he querido señalar algunas claves políticas y estratégicas que guiarán la acción del Ministerio. pic.twitter.com/EF4Frwrc1j
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 21, 2023
Un Equilibrio Difícil en una Sociedad Dividida
La orden contra Airbnb es un paso hacia la regulación de un sector descontrolado, pero sus consecuencias dividen a la sociedad. Los defensores del derecho a la vivienda ven en la medida una herramienta para frenar la especulación, pero los propietarios y el sector turístico alertan de un impacto económico devastador, especialmente para pymes. La solución no pasa solo por sanciones, sino por una estrategia integral: aumentar la vivienda pública, unificar normativas autonómicas y fomentar el diálogo con plataformas y propietarios. Mientras el Gobierno celebra victorias simbólicas, el 62% de los españoles, según el CIS, considera la vivienda su principal preocupación, y la polarización entre turismo y habitabilidad no hace más que crecer.
España necesita un modelo que equilibre el turismo, motor económico, con el derecho a la vivienda, sin castigar a pequeños propietarios ni ignorar las necesidades de los residentes. La cruzada de Consumo, aunque bien intencionada, no resuelve la crisis de fondo y arriesga convertir a Airbnb en un chivo expiatorio de un problema estructural. Sin un enfoque colaborativo, el conflicto entre vivienda y turismo seguirá fracturando a la sociedad.
Bustinduy bloquea anuncios, pero la vivienda sigue sin solución 🏠.
