En un movimiento inesperado que ha captado la atención internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha propuesto al presidente venezolano, Nicolás Maduro un intercambio humanitario sin precedentes. Bukele ofreció repatriar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente detenidos en una megacárcel salvadoreña, a cambio de la liberación de un número idéntico de presos políticos en Venezuela. Entre los prisioneros que busca liberar se encuentran 13 ciudadanos españoles, incluidos dos turistas vascos acusados falsamente de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, así como figuras destacadas de la oposición venezolana y ciudadanos de otras nacionalidades.
El anuncio se realizó a través de una publicación en redes sociales, donde Bukele se dirigió directamente a Maduro: “Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico de los miles de presos políticos que usted mantiene”. Según datos de la organización Foro Penal, actualmente hay 890 presos políticos en cárceles venezolanas, un número que ha disminuido en los últimos meses gracias a las protestas de familiares que han logrado la liberación de cientos de ellos. Bukele subrayó que, a diferencia de Venezuela, en El Salvador no hay presos políticos, y afirmó que los venezolanos bajo su custodia fueron detenidos como parte de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua, en colaboración con Estados Unidos.
Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2025
A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el…
Los 252 venezolanos que Bukele propone repatriar fueron deportados desde Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, quien los acusó de estar vinculados a actividades criminales, aunque en muchos casos las pruebas han sido cuestionadas. Estos migrantes están recluidos en el Centro de Confinamiento para Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Bukele como parte de su campaña contra las pandillas. Según el acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos, el gobierno salvadoreño recibe 20.000 dólares anuales por cada preso que alberga, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que denuncian la falta de debido proceso para los deportados. Bukele defendió su posición afirmando que muchos de estos individuos fueron detenidos por delitos graves, como asesinatos o violaciones, y que algunos incluso habían sido arrestados varias veces antes de su deportación.
Entre los presos políticos que Bukele busca liberar se encuentran figuras destacadas de la oposición venezolana. Mencionó a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional y la oposición venezolana como el ganador de las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que Maduro se mantuvo en el poder. También incluyó a la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, una figura emblemática de la sociedad civil conocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos, y al periodista Roland Carreño, dirigente del partido Voluntad Popular, que ha sido encarcelado por su labor informativa y su activismo político. Bukele también hizo referencia a cuatro colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que están bajo asedio en la Embajada de Argentina en Caracas, donde se refugiaron tras ser acusados de actividades terroristas y traición por su trabajo con la oposición.
Además, el presidente salvadoreño señaló la situación de alrededor de 50 ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela, provenientes de diversas nacionalidades, incluyendo estadounidenses, alemanes, dominicanos, argentinos, bolivianos, israelíes, chilenos, colombianos, ecuatorianos, españoles, franceses, guyaneses, holandeses, iraníes, italianos, libaneses, mexicanos, peruanos, puertorriqueños, ucranianos, uruguayos, portugueses y checos. Entre los españoles, destacó el caso de dos turistas vascos que, según el gobierno venezolano, estarían vinculados al CNI español, una acusación que ha sido desmentida por las autoridades españolas y que ha generado indignación entre sus familias y organizaciones de derechos humanos. Bukele también mencionó, por error, a la madre de María Corina Machado, Corina Parisca de Machado, como parte de los presos políticos, aunque luego se aclaró que no está detenida, sino que enfrenta hostigamiento constante por parte de las autoridades venezolanas, incluyendo cortes de agua y electricidad en su hogar.
El contexto de este intercambio propuesto está marcado por la relación entre Bukele y la administración de Trump, que ha intensificado las deportaciones de migrantes venezolanos y salvadoreños bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra que permite al presidente estadounidense detener o deportar a ciudadanos de países considerados enemigos. Desde marzo de 2025, al menos 288 migrantes han sido enviados a El Salvador, muchos de ellos acusados de pertenecer al Tren de Aragua o a la pandilla MS-13, aunque las pruebas de estas afiliaciones son escasas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de los deportados han denunciado que muchos de estos individuos no tienen antecedentes penales y que su deportación se basó en criterios arbitrarios, como la presencia de tatuajes, que las autoridades interpretaron como signos de actividad delictiva.
La propuesta de Bukele ha generado reacciones encontradas. Por un lado, algunos sectores de la oposición venezolana, como el líder exiliado Leopoldo López, han apoyado la iniciativa, viéndola como una oportunidad para liberar a presos políticos que han sido encarcelados injustamente tras las elecciones de 2024, marcadas por denuncias de fraude electoral y una fuerte represión contra los opositores. Sin embargo, otros activistas y expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de los migrantes deportados como moneda de cambio en un juego político entre dos líderes autoritarios. Christopher Sabatini, del Chatham House, calificó la idea de un intercambio de prisioneros como “repugnante” para quienes defienden los derechos humanos, argumentando que los migrantes detenidos en El Salvador han sido privados de un proceso justo tanto en Estados Unidos como en el país centroamericano.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó la propuesta de Bukele, calificándola de “cínica” y acusando al presidente salvadoreño de ser un “neo-nazi” y un “traficante de personas”. Saab exigió pruebas de vida, un listado completo de los detenidos y detalles sobre su situación judicial y médica, denunciando que la detención de los venezolanos en El Salvador constituye una violación de los derechos humanos. El gobierno venezolano, por su parte, ha negado tener presos políticos, afirmando que las personas encarceladas han sido condenadas por delitos, una postura que contradice los informes de organizaciones no gubernamentales que documentan más de 800 detenciones por motivos políticos.
Bukele anunció que su Cancillería enviará una correspondencia formal al gobierno venezolano para presentar oficialmente la propuesta a través de canales diplomáticos. Sin embargo, la respuesta de Maduro sigue siendo incierta, y analistas como Geoff Ramsey, del Atlantic Council, sugieren que este intercambio podría beneficiar políticamente a ambos líderes al desviar la atención de las críticas sobre sus propias políticas represivas. Mientras tanto, el destino de los 252 venezolanos en el CECOT y de los presos políticos en Venezuela permanece en el limbo, en medio de un enfrentamiento que pone en juego no solo sus vidas, sino también las tensiones geopolíticas de la región.
Bukele y Maduro juegan al ajedrez político con vidas humanas, dejando claro que en este tablero no hay jaque mate para los derechos humanos ♟️⚖️
