La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en el centro del debate político su exigencia de que la Conferencia de Presidentes, programada para el 6 de junio de 2025 en Barcelona, se desarrolle exclusivamente en español. En un pleno de la Asamblea de Madrid el 5 de junio, Ayuso advirtió que abandonará la reunión si no se respeta esta condición, rechazando el uso de pinganillos para traducción simultánea de lenguas cooficiales como el catalán o el euskera. Este ultimátum, que llega tras tensiones previas con el Gobierno de Pedro Sánchez, refleja una confrontación más profunda sobre el modelo de Estado, la unidad lingüística y la gestión autonómica, en un contexto de polarización política que pone a prueba la cohesión nacional.
Una Posición Firme Contra el Multilingüismo en el Foro
Ayuso ha sido contundente: si no se le habla en español durante la Conferencia de Presidentes, se retirará del encuentro. Su rechazo a los pinganillos, que permitirían la traducción simultánea de intervenciones en catalán o euskera, subraya su postura de defensa del español como lengua común. En el pleno de la Asamblea, acusó al Gobierno de Sánchez de utilizar el catalán para “hacer provincianismo con el secesionismo catalán”, calificando esta decisión como una “corruptela” que no está dispuesta a aceptar. Para Ayuso, el uso de lenguas cooficiales en un foro nacional es un ataque a la unidad de España, un país que, según ella, debe priorizar el idioma compartido para garantizar la igualdad entre regiones.
Esta no es la primera vez que Ayuso critica el formato de la Conferencia. Ya en mayo, su gobierno acusó a Sánchez de “deslealtad institucional” por no informar con antelación sobre la reunión y de convertir el encuentro en un “monólogo” para su propia “gloria”. La presidenta madrileña también ha adelantado que aprovechará la cita para denunciar problemas como la quita de deuda autonómica, el “caos ferroviario”, la falta de médicos y la gestión migratoria, además de acusar al Ejecutivo de haber “roto la separación de poderes” al llenar los juzgados de “activistas” que persiguen a jueces independientes.
El uso de lenguas cooficiales en la Conferencia, permitido por primera vez, ha sido interpretado por algunos como un gesto de Sánchez hacia Cataluña y el País Vasco para mantener el apoyo de ERC y PNV en el Congreso. Sin embargo, esta decisión ha generado rechazo entre las comunidades del PP, que ven en ella una cesión al independentismo. Ayuso, que acudirá al encuentro por “coherencia” y para no “desairar” a los catalanes, insiste en que su presencia no implica aceptación de lo que considera una “golfada” del Gobierno.
Mañana, delante de todos y en español, defenderé esto en la Conferencia de Presidentes. pic.twitter.com/tHHFkCewmT
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 5, 2025
Tensiones Autonómicas y Debate Nacional
La postura de Ayuso no es un hecho aislado, sino parte de un enfrentamiento más amplio entre el PP y el Gobierno central. Las comunidades gobernadas por los populares, que se reunieron en Génova el 28 de mayo para preparar la Conferencia, exigen un cambio en el formato del encuentro para que no sea un “monólogo” de Sánchez. Además, han pedido incluir temas como la financiación autonómica, la okupación, el “caos migratorio” y medidas para “fortalecer el Estado de derecho”. La falta de acuerdo en la reunión preparatoria del 28 de mayo, que terminó sin un orden del día consensuado, evidenció las profundas diferencias entre el Ejecutivo y las autonomías del PP.
El contexto político agrava estas tensiones. La Conferencia se celebra en Barcelona, una decisión que el Gobierno interpreta como un símbolo de “normalización” en Cataluña tras años de conflicto independentista. Sin embargo, Ayuso y otros barones del PP ven este gesto como una cesión al secesionismo, especialmente tras acuerdos como la financiación singular para Cataluña, pactada entre el PSC y ERC en 2024. Salvador Illa, presidente catalán, ha defendido que no tiene “inconveniente” en debatir esta financiación en el foro, pero ha pedido un “enfoque constructivo” y no “hacer jaleo”, en clara alusión a la actitud de Ayuso.
La insistencia de Ayuso en el español como única lengua también reaviva el debate sobre el modelo de Estado. Mientras el PP defiende un estado autonómico centralizado que priorice la unidad, el PSOE y sus socios apuestan por un modelo más plural que reconozca las lenguas cooficiales. Este choque ideológico, que se remonta a tensiones históricas, se intensifica en un momento de polarización política, donde gestos como el uso del catalán en un foro nacional son interpretados como provocaciones por unos y como derechos legítimos por otros. Según un informe del CIS de mayo de 2025, el 62% de los españoles apoya el uso del español como lengua principal en instituciones nacionales, pero un 48% también cree que las lenguas cooficiales deben tener espacio en contextos autonómicos, reflejando una sociedad dividida.
Un Debate Más Allá del Idioma
La amenaza de Ayuso de abandonar la Conferencia si no se habla en español va más allá de una cuestión lingüística: es una crítica al modelo de gestión de Sánchez y a su relación con las autonomías. La presidenta madrileña ha acusado al Ejecutivo de “trocear” España en “miniestados” y de despreciar a los presidentes autonómicos, una postura que comparte con otros líderes del PP. En la Conferencia de Santander de diciembre de 2024, Ayuso ya había criticado la falta de diálogo real, señalando que el formato estaba diseñado para “dar la apariencia de dialogante” sin permitir un debate profundo.
Este enfrentamiento también tiene un trasfondo político-electoral. Ayuso, una de las figuras más destacadas del PP, utiliza su discurso para consolidar su imagen de defensora de la unidad nacional frente a un Sánchez al que acusa de ceder ante el independentismo para mantenerse en el poder. Su rechazo al uso de pinganillos y su defensa del español resuenan entre sectores conservadores, pero también generan críticas. Voces progresistas, como la de Ione Belarra de Sumar, han acusado a Ayuso de “intolerancia” y de ignorar la diversidad lingüística de España, mientras que algunos analistas ven su postura como una estrategia para desviar la atención de problemas internos, como la investigación por fraude fiscal de su pareja o las imputaciones por la gestión de residencias durante la pandemia.
El debate sobre el idioma en la Conferencia de Presidentes pone de manifiesto una fractura más profunda: la dificultad de encontrar un equilibrio entre la unidad y la diversidad en España. Mientras el Gobierno busca gestos de pluralidad, Ayuso y el PP insisten en un modelo centralizado que priorice lo común sobre lo particular. Sin un diálogo que aborde estas diferencias, el riesgo es que foros como la Conferencia de Presidentes se conviertan en escenarios de confrontación en lugar de espacios de consenso, profundizando la polarización en un país que necesita más que nunca soluciones compartidas.
Ayuso defiende el español a ultranza, pero la unidad de España NO PASA POR NO HABLAR ESPAÑOL.
