Desde hace dos décadas, México ha vivido una transformación oscura: la del Estado rehén del crimen organizado. A estas alturas, ya no parece exagerado preguntarse si México es un narco Estado. Y no por el sensacionalismo, sino por la evidencia; funcionarios coludidos, instituciones infiltradas, territorios controlados por cárteles y un poder político que, en lugar de erradicarlos, ha sido cómplice por acción u omisión.
2006: Calderón y la guerra que encendió el infierno
Aunque el narcotráfico en México lleva décadas operando, fue con Felipe Calderón (2006-2012) que el país entró en una nueva era de violencia. Apenas iniciaba su mandato cuando lanzó la llamada “guerra contra el narco”, desplegando al Ejército en las calles. ¿El resultado? Una espiral sangrienta: decenas de miles de muertos, desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos y… el fortalecimiento de los cárteles.
Paradójicamente, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy está preso en EE.UU. por vínculos con el Cártel de Sinaloa, para quienes no conozcan la historia, es el cártel ligado a el “Chapo” Guzman. Pero aquí la pregunta inevitable ¿luchaban contra el narco o estaban negociando con él? ¿negociar con grupos delictivos, terroristas o narcotraficantes en este caso, nos hace parte del problema? ¿se puede negociar con agresores? ¿que tan viable es realizar estos acercamientos por parte de las autoridades o del ejercito?
Peña Nieto: la administración del silencio
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), la estrategia militar se mantuvo, pero con un enfoque más mediático que efectivo. Su sexenio estuvo marcado por escándalos, corrupción y la fuga del “Chapo” Guzmán de un penal de alta seguridad con complicidad evidente de autoridades federales.
Mientras se hablaba de reformas estructurales, el narcotráfico expandía su poder territorial y financiero. Se diversificaron los delitos : cobro de piso, secuestro, tráfico de migrantes y extracción ilegal de combustibles. El crimen dejó de ser una “actividad” y se convirtió en un sistema económico paralelo.
AMLO: abrazos que no alcanzan a parar las balas
Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de ala izquierda, llegó en el 2018 prometiendo cambiar la estrategia: “abrazos, no balazos”. Pero en la práctica, los abrazos han sido para los delincuentes y la indiferencia para las víctimas. En su sexenio se han batido récords de homicidios, se ha militarizado aún más el país (con la creación de la Guardia Nacional) y se han dejado pasar episodios vergonzosos como la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del «Chapo» tras un operativo fallido en 2019.
Además, hay una preocupante relación de pasividad y permisividad: el presidente ha negado públicamente la existencia del narcoestado, se ha mostrado indulgente con criminales y ha atacado más a periodistas que a capos. Recordemos la polémica del joven comentarista Chumel Torres, censurado de plataformas y perseguido por la administración de Andres Manuel.
¿Narcoestado? No es una teoría, es un síntoma
Cuando los cárteles cobran impuestos, dictan reglas, controlan carreteras, manejan candidaturas y asesinan impunemente…no estamos frente a simples delincuentes. Estamos ante estructuras paralelas de poder que el Estado no solo no combate, sino que en muchos casos protege o permite.
Diversos informes periodísticos y de organizaciones internacionales han mostrado cómo el narcotráfico infiltra ayuntamientos, policías locales, ministerios públicos, jueces y hasta congresos estatales. En algunos estados, los narcos eligen candidatos o los imponen por la fuerza. Las elecciones se hacen bajo amenaza. El Estado, en esos territorios, simplemente no existe.
Silencio, simulación y muerte
México no ha tenido un Gobierno verdaderamente comprometido con erradicar al crimen organizado. Todos han optado por simular, negociar o reprimir sin estrategia, sin inteligencia, sin justicia. Parafraseando a Nayib Bukele, cuando no se termina con la delincuencia es que el Gobierno es parte de la misma.
La cifra real de muertos por el narco supera 450,000 en las últimas dos décadas, y hay más de 100,000 desaparecidos. No es una guerra declarada como la de Medio Oriente, es una masacre administrada desde la política y su corrupción.
Llamar a Mexico “narcoestado” no es una provocación. Es una denuncia. Un clamor para que la sociedad reconozca que el poder político y el crimen organizado están más entrelazados de lo que se quiere admitir.
Ningún país puede vivir en paz cuando el Estado pacta con quien asesina. Y ningún cambio será real si los ciudadanos no exigen, con fuerza, verdad, justicia y memoria.
Comenzar hablar de este tema en espacios fuera de México puede ser más seguro que denunciarlo dentro del propio territorio mexicano.
