En 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incorporó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una modificación fiscal que benefició a empresas de gases industriales, coincidiendo palabra por palabra con una propuesta redactada por Equipo Económico, la consultora que él fundó en 2006. La medida, que ajustó los epígrafes 251.3 y 253.1 del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para reducir la carga fiscal de las gasistas, permitió a estas empresas ahorrar entre 4,1 y 4,9 millones de euros anuales. La investigación, iniciada en 2018 por un juzgado de Tarragona y desclasificada en 2025, involucra a Montoro y 27 personas más, junto a seis sociedades, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y corrupción. En un contexto donde el 23% de los hogares españoles no tienen ahorros, el caso ha desatado críticas por el supuesto abuso de poder y la opacidad en la gestión pública, intensificando el debate sobre las “puertas giratorias” y los lobbies.
Una Reforma Fiscal Bajo Escrutinio
Las empresas de gases industriales, agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), buscaban desde 2016 incluir su actividad en epígrafes del IAE con una fiscalidad más favorable. Tras intentos fallidos, incluso con la consultora EY, que tuvo que devolver honorarios por no lograr resultados, contrataron a Equipo Económico en 2017. En menos de nueve meses, la propuesta de AFGIM, redactada por la consultora, se incorporó literalmente en la Ley 6/2018 de Presupuestos, aprobada el 3 de julio de 2018, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 2021. Por este trabajo, Equipo Económico cobró 360.000 euros más IVA, incluyendo 60.000 euros iniciales y 300.000 como prima de éxito.
Correos intervenidos revelan que las gasistas, como Messer Ibérica, consideraban a Equipo Económico como “la vía más directa” para influir en Hacienda, destacando su “contacto directo” con Montoro. Un mensaje de 2013 de un directivo de Messer afirmaba: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico”. Aunque Montoro se desvinculó formalmente de la consultora en 2008, la investigación señala que nombró a exsocios y colaboradores cercanos en cargos clave del Ministerio, como Miguel Ferre (secretario de Estado de Hacienda, 2011-2016) y Pilar Platero (subsecretaria de Presupuestos, 2011-2016), facilitando un canal de comunicación privilegiado. En 2014, una rebaja previa del 85% en el impuesto eléctrico también benefició a las gasistas tras la intervención de Equipo Económico, generando fricciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien abogaba por un enfoque más progresivo.
Una Red de Influencias en Hacienda
La investigación, liderada por el juez Rubén Rus en Tarragona, describe una “red de influencias” que habría permitido a Equipo Económico moldear leyes a medida de sus clientes. Entre 2011 y 2019, AFGIM pagó 779.705 euros a la consultora, que logró reformas fiscales en 2013 (Ley 28/2014) y 2018 (Ley 6/2018), incluyendo la redacción de textos legales por parte de las propias gasistas. El juez considera que Montoro, como ministro, jugó un “rol nuclear”, utilizando su autoridad legislativa para favorecer a clientes de su antiguo despacho, en detrimento del interés público. La UCO destaca que las gasistas conocían detalles de los Presupuestos de 2018 seis meses antes que el Congreso, lo que sugiere acceso privilegiado.
El caso también revela tensiones internas en el Gobierno de Rajoy. En 2014, Montoro impulsó la rebaja del impuesto eléctrico por vía de urgencia, omitiendo dictámenes del Consejo Económico y Social y limitando información al Consejo de Ministros por “confidencialidad”. Los técnicos de Hacienda advirtieron que la medida contravenía criterios administrativos y generaría un impacto recaudatorio de 4,1 a 4,9 millones anuales para las comunidades autónomas. Otros sectores, como la automoción o la industria papelera, no obtuvieron beneficios similares, lo que refuerza la percepción de un trato selectivo a las gasistas. La investigación no ha encontrado pruebas de pagos directos a Montoro o sus altos cargos, pero el juez señala una “sustitución indebida” de potestades normativas al permitir que las empresas redactaran leyes.
Reacciones y Acusaciones Cruzadas
VOX se ha personado como acusación popular, con Santiago Abascal afirmando en redes sociales que “algunas de las mafias de Sánchez son solo continuación de las mafias del PP”, vinculando el caso a una supuesta corrupción sistémica. Usuarios en redes han calificado el caso como “escandaloso”, criticando la opacidad y las puertas giratorias, mientras el PSOE, a través de Rebeca Torró, señaló que el caso Montoro evidencia que “la Gürtel fue solo la punta del iceberg” de la corrupción del PP. Equipo Económico niega “tajantemente” haber formado parte de una trama, afirmando que Montoro se desvinculó en 2008 y que sus servicios eran técnicos, no ilegales. Montoro ha calificado la imputación de “anómala” y “sin pruebas”, denunciando que coincide con escándalos del Gobierno actual.
La investigación también implica a otras empresas, como Abengoa, Ferrovial y Red Eléctrica Española, que pagaron millones a Equipo Económico entre 2008 y 2015, aunque con menor éxito. Dos socios de Montoro, Ricardo Martínez Rico y Manuel de Vicente-Tutor, se integraron en consejos de administración de Abengoa y Solaria, reforzando las sospechas de una red de influencias. La causa, que abarca 18 tomos de sumario tras siete años de secreto, acusa a los implicados de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Un Caso que Cuestiona la Transparencia
El caso Montoro expone las tensiones entre el poder político y los intereses privados en España. La inclusión de una propuesta de Equipo Económico en los Presupuestos de 2018, idéntica a la redactada por las gasistas, y los 779.705 euros pagados por AFGIM entre 2011 y 2019 plantean dudas sobre la integridad del proceso legislativo. La designación de exsocios en cargos clave y el acceso privilegiado de las gasistas a los borradores presupuestarios refuerzan la percepción de una trama que priorizó beneficios privados sobre el interés público. En un país con crecientes desigualdades económicas, el caso aviva el debate sobre la regulación de los lobbies y la necesidad de controles más estrictos para evitar abusos de poder, dejando a la espera una resolución judicial que podría redefinir la confianza en las instituciones.
Montoro y las gasistas: trama de influencias 💼
