El 26 de junio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez avanzó en un anteproyecto de ley, conocido como la “Ley Koldo”, que busca declarar “ilegítimas” grabaciones como las del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que implican a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García en una presunta trama de mordidas y amaños de obra pública. Presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el proyecto, debatido en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, pretende modificar la Ley de Protección al Derecho al Honor de 1982, limitando la validez de audios no autorizados judicialmente. Mientras Sánchez intenta blindar al PSOE tras el escándalo, que incluye pagos de 620.000 euros y conversaciones machistas, las críticas lo acusan de manipular la justicia para proteger a su entorno. En un contexto de crisis, con un 60% de españoles exigiendo su dimisión según encuestas, este movimiento agrava la desconfianza en un Gobierno acorralado por la corrupción.
Un Proyecto para Neutralizar la Verdad
El anteproyecto, impulsado por Bolaños, establece que las grabaciones no autorizadas por un juez o la policía son “ilegítimas”, salvo excepciones contempladas en el artículo 8, que protege actuaciones judiciales legales. El objetivo es claro: invalidar audios como los de Koldo García, grabados entre 2019 y 2023, que revelan pagos de 450.000 euros en “tres sobres” y un amaño de primarias socialistas en 2014 a favor de Sánchez. Aunque el proyecto no anularía las pruebas actuales del caso Koldo, podría bloquear futuras grabaciones que impliquen a ministros o al propio Sánchez, como las que, según Emiliano García-Page, existirían entre Ábalos y el presidente. En X, usuarios han calificado la ley como un “escudo de impunidad”, acusando al Gobierno de manipular la justicia para encubrir la corrupción.
La UCO detalla en su informe del 5 de junio que Ábalos, Cerdán y Koldo gestionaron comisiones de 620.000 euros, con 450.000 pendientes, a través de constructoras como Acciona, LIC y OPR, por contratos de más de 535 millones de euros. Una conversación de 2021 entre Cerdán y Koldo menciona 550.000 euros por obras en Murcia, mientras otra de 2014 sugiere un amaño en las primarias del PSOE. El proyecto de ley, que el Consejo de Ministros podría aprobar pronto, busca limitar el impacto de estas revelaciones, especialmente tras registros en Ferraz y la casa de Ábalos, donde se intentó ocultar un disco duro con mensajes del PSOE.
Sánchez, visiblemente tenso, ha defendido la ley como una protección al derecho al honor, pero la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, la denuncia como un intento de “amordazar” la verdad. En X, usuarios han ironizado: “Sánchez quiere una ley para que los audios de sus amigos no lo hundan”. La iniciativa se suma a otras tres leyes impulsadas por Bolaños —sobre la acusación popular, el acceso a la carrera judicial y el rol del Fiscal General— que buscan contrarrestar las investigaciones contra el PSOE, incluyendo el caso de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, imputada en mayo de 2024.
Pedro Sánchez está muy ocupado preparando una ‘ley Koldo’ para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO para salvar su culo y mientras han asesinado a 5 mujeres y un niño en una semana que “ha despachado” con un
— Marta Pastor (@MartaPastor) June 26, 2025
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Una Crisis que Sacude al PSOE
El caso Koldo, inicialmente centrado en mascarillas durante la pandemia, ha escalado con las grabaciones que exponen una red de comisiones en adjudicaciones públicas. Cerdán, que dimitió como secretario de Organización del PSOE el 12 de junio, fue señalado por la UCO como gestor de pagos, mientras Ábalos, que negó los audios ante el Tribunal Supremo el 23 de junio, insinuó manipulación sin pruebas. Koldo, quien grabó las conversaciones como “seguro de vida”, optó por no declarar, cambiando de abogado. En X, usuarios han destacado el “machismo repugnante” de los audios, donde Ábalos y Koldo cosifican a mujeres, dañando la imagen feminista del PSOE.
La crisis ha fracturado al partido. La ministra Diana Morant calificó a los implicados de “sinvergüenzas” que traicionaron al PSOE, mientras Adriana Lastra acusó a Cerdán de machismo y acoso. La UCO, liderada por el teniente coronel Antonio Balas, registró Ferraz y constructoras, solicitando datos de 521 cuentas bancarias. El juez Leopoldo Puente, que instruye el caso, ha citado a cinco empresarios para julio y pospuso la declaración de Cerdán al 30 de junio. La investigación apunta a contratos como el del Puente del Centenario en Sevilla (102,8 millones) y obras en Murcia, donde se usaron “bajas temerarias” para favorecer a empresas amigas.
Sánchez, tras cancelar un viaje a la ONU, compareció en Ferraz el 16 de junio, pidiendo perdón por confiar en Cerdán, pero descartando elecciones anticipadas. En la sesión de control del Congreso el 18 de junio, Feijóo le preguntó si “le queda respeto por los españoles”, mientras Santiago Abascal exigió calcular “lo robado por las tramas”. El PSOE, en un intento de control de daños, propuso una comisión de investigación parlamentaria, pero las críticas internas, como las de García-Page, sugieren que Sánchez podría estar grabado, aumentando la presión sobre su liderazgo.
Un Ataque a la Transparencia
La “Ley Koldo” es vista como parte de una ofensiva contra el poder judicial, que incluye querellas archivadas contra el juez del caso Gómez y reformas para limitar la acusación popular. La UCO desmiente la narrativa de Sánchez de que la trama operaba al margen del Gobierno, señalando que continuó tras el cese de Ábalos en 2021, con Koldo influenciando adjudicaciones. En X, usuarios han denunciado que la ley busca “blindar a Sánchez” ante posibles audios que lo impliquen directamente, como los mencionados por Koldo en diciembre de 2023, donde asegura haber enviado un mensaje al presidente a través de Óscar López y Antonio Hernando.
La sociedad, con un 23% de hogares sin ahorros y un 28% de niños en riesgo de pobreza, percibe este escándalo como una traición. En X, se exige la dimisión de Sánchez, con manifestaciones convocadas por VOX frente a Ferraz, donde se han registrado pintadas de “mafia”. La negativa de Sánchez a adelantar elecciones, defendiendo una “mayoría parlamentaria” validada por el Tribunal de Cuentas, contrasta con la indignación social. El PP, con mayoría en el Senado, planea mantener abierta la investigación del caso Koldo durante el verano, mientras Junts advierte que la corrupción socialista podría allanar el camino al PP y VOX.
La “Ley Koldo” no solo amenaza la transparencia, sino que refuerza la percepción de un Gobierno que prioriza su supervivencia sobre la justicia. La UCO, con recursos limitados tras la negativa del Ministerio del Interior a reforzar agentes, enfrenta una carga de trabajo abrumadora, analizando 521 cuentas y material incautado. La posible implicación de otros ministros, como Ángel Víctor Torres, y la mención de un contrato en México vinculado a Air Europa, sugieren que la trama podría ampliarse, desafiando el cortafuegos de Sánchez.
Sánchez prepara una 'ley Koldo' para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO https://t.co/0oak536BLM vía @TheObjective_es
— Patricia Rodríguez (@patriciardguezc) June 26, 2025
Un Futuro en Juego
La “Ley Koldo” es un intento desesperado de Sánchez por contener una crisis que amenaza su legado. Al limitar la validez de grabaciones, el Gobierno busca protegerse de futuras revelaciones, pero a costa de erosionar la confianza en las instituciones. La sociedad demanda un liderazgo que enfrente la corrupción, no que la encubra con reformas legales. Mientras la UCO avanza y el Supremo interroga a los implicados, Sánchez se aferra al poder, ignorando que el 75% de los españoles, según encuestas, desaprueba su gestión de la crisis. La “Ley Koldo” no es una solución, sino un síntoma de un sistema que antepone el poder a la verdad.
Sánchez legisla para tapar audios, pero el escándalo Koldo grita más alto: ¿hasta cuándo el silencio? ⚖️
