El 25 de junio de 2025, el Gobierno alemán desató una ofensiva sin precedentes contra la libertad de expresión, coordinando 170 registros domiciliarios en un solo día bajo la acusación de “delitos de odio” en internet. La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) lideró la operación, que incluyó allanamientos, interrogatorios y confiscaciones de dispositivos en ciudades como Düsseldorf, Dortmund, Colonia y Bonn, principalmente contra usuarios sospechosos de insultar a políticos o publicar comentarios considerados “incitadores” en plataformas como X. En 2024, se registraron 10.732 publicaciones de “odio” en línea, un 34% más que en 2023, según datos oficiales, impulsados por la vigilancia intensiva de la Oficina Central de Denuncias de Contenido Delictivo (ZMI). La operación, parte del “Día de Acción” y del “Día Internacional de la Lucha contra el Odio”, ha generado críticas por criminalizar opiniones y restringir derechos fundamentales, alimentando un debate global sobre los límites de la libertad de expresión en una democracia.
Una Maquinaria Policial contra la Expresión
La operación, iniciada a las seis de la mañana, se centró en usuarios que habrían publicado comentarios en redes sociales considerados “de odio” o “incitadores”. En Renania del Norte-Westfalia, una de las regiones más activas, se ejecutaron catorce investigaciones, con dos registros y catorce citaciones a declarar. Los objetivos fueron principalmente mensajes en X que, según las autoridades, atacaban a políticos o promovían discursos contrarios a los valores oficiales. El ministro del Interior, Herbert Reul, defendió la acción: “Los pirómanos digitales no deben esconderse tras sus móviles”. Sin embargo, en X, usuarios han denunciado estas redadas como un “ataque a la libertad”, comparándolas con tácticas autoritarias que buscan silenciar voces disidentes.
La BKA, apoyada por el centro de denuncias REspect!, justificó la operación como una respuesta al aumento de publicaciones “de odio”, que incluyen desde insultos a políticos hasta mensajes antisemitas o misóginos. En 2024, la ZMI intensificó su vigilancia, detectando un 34% más de casos que en 2023. Las leyes alemanas, entre las más estrictas del mundo, castigan la difamación, la incitación al odio y la negación del Holocausto con multas, confiscaciones e incluso prisión. Desde 2022, las redes sociales deben eliminar contenido delictivo en 24 horas y reportarlo a la BKA, so pena de multas de hasta 50 millones de euros. Esta normativa, combinada con la operación del 25 de junio, refuerza la percepción de un control estatal asfixiante.
El caso de David Bendels, periodista condenado en abril de 2025 a siete meses de libertad condicional por un meme satírico contra la ministra del Interior, Nancy Faeser, ilustra la severidad del sistema. El meme, que mostraba a Faeser con un cartel de “Odio la libertad de expresión”, fue considerado delictivo, marcando un precedente preocupante. En X, usuarios han advertido que incluso un “me gusta” a un comentario crítico puede llevar a sanciones, generando un efecto disuasorio que limita el debate público.
🇩🇪 | LO ÚLTIMO — Alemania ejecuta 170 redadas por publicaciones en redes sociales calificadas de “odio e incitación”.
— UHN PLUS (@UHN_Plus) June 25, 2025
El operativo, liderado por el BKA, incluyó allanamientos y citaciones a usuarios por comentarios contra políticos.
Un Debate Global sobre la Libertad de Expresión
Las redadas han reavivado la controversia sobre los límites de la libertad de expresión en Alemania, garantizada por la Ley Fundamental, pero restringida por leyes contra el odio y la difamación. La negación del Holocausto, los insultos racistas o las incitaciones a la violencia son punibles, pero la definición de “discurso de odio” es cada vez más amplia, abarcando críticas políticas o sátiras. El caso de Renate Künast, política de Los Verdes, que demandó a Facebook por un meme falso atribuyéndole la frase “La integración empieza por que los alemanes aprendan turco”, refleja la tensión entre libertad y censura. Künast demostró que nunca dijo esa frase, pero el caso, pendiente de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE, cuestiona los derechos frente a plataformas digitales.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó estas políticas en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025, acusando a Alemania de criminalizar opiniones. En X, Vance afirmó: “Insultar a alguien no es un delito”, alertando sobre el impacto en las relaciones Europa-EEUU. Elon Musk, dueño de X, también intervino, celebrando la libertad de expresión estadounidense frente a la “censura” europea. En Alemania, las autoridades defienden su postura, argumentando que la regulación protege el debate respetuoso. Josephine Ballon, de HateAid, insistió en que la constitución establece límites cuando el discurso promueve odio o mentiras.
Sin embargo, las críticas internacionales crecen. La operación del 25 de junio, coordinada con el “Día Internacional de la Lucha contra el Odio”, recuerda acciones previas, como las redadas de 2024 contra 45 sospechosos de discursos misóginos o las de 2016 contra mensajes racistas. Amnistía Internacional ha denunciado que estas medidas, junto con leyes de seguridad que amplían la vigilancia biométrica y los registros sin sospecha razonable, aumentan el riesgo de abusos y criminalizan expresiones legítimas, como las de activistas climáticos o propalestinos.
Un Impacto Social y Político Profundo
Las redadas no solo afectan a los investigados, sino que generan un clima de miedo en la sociedad. Con 10.732 publicaciones de “odio” registradas en 2024, el aumento del 34% refleja tanto un repunte de contenidos como una vigilancia más agresiva. En X, usuarios han comparado estas acciones con un “estado policial digital”, temiendo que críticas a políticas migratorias o de género sean etiquetadas como delictivas. La prohibición en 2024 de la revista Compact, cercana a Alternativa para Alemania (AfD), por incitación al odio, y la condena de activistas climáticos bajo cargos de “organización criminal” refuerzan la percepción de un sistema que reprime la disidencia.
El contexto político agrava las tensiones. AfD, que obtuvo un 16% en las elecciones europeas de 2024, ha capitalizado el descontento, denunciando un “gobierno verde-izquierdista” que silencia a la oposición. Aunque el partido no participó en la Cumbre de la Iberosfera de VOX en Madrid el mismo 25 de junio, su discurso resuena en sectores que ven las redadas como un ataque a la democracia. La sociedad alemana, con un 28% de hogares en riesgo de pobreza, se siente atrapada entre la lucha contra el odio y la erosión de sus libertades, mientras el Gobierno de Olaf Scholz insiste en defender la “cohesión social”.
Las operaciones también tienen un trasfondo histórico. Alemania, sensible a su pasado nazi, castiga con rigor los discursos extremistas, pero la ampliación de estas leyes a críticas políticas genera dudas. En 2023, los delitos de odio misóginos crecieron un 56,3%, y los antisemitas alcanzaron récords, según la BKA. Sin embargo, la falta de criterios claros para definir “odio” y la vigilancia masiva de la ZMI plantean riesgos de abuso. En X, usuarios han ironizado: “En Alemania, un tuit puede costarte la casa”.
Un Futuro Incierto para la Libertad
Las 170 redadas del 25 de junio son un punto de inflexión en el debate sobre la libertad de expresión. Alemania necesita equilibrar la lucha contra el odio con la protección de derechos fundamentales. La criminalización de sátiras, “me gusta” o críticas políticas, como en los casos de Bendels o Künast, sugiere un sistema que prioriza el control sobre el diálogo. La presión internacional, desde Vance hasta Musk, y las críticas de ONG como Amnistía Internacional exigen una revisión de estas políticas. La sociedad, agotada por la vigilancia digital, reclama un marco que no convierta la disidencia en delito.
El Gobierno alemán debe transparentar los criterios de las redadas y garantizar que no se usen para silenciar a la oposición. Mientras AfD gana terreno y las tensiones sociales crecen, las autoridades enfrentan el desafío de combatir el extremismo sin sacrificar la democracia. Las redadas, lejos de resolver el problema, han encendido un debate global sobre si Alemania protege su sociedad o la asfixia bajo el pretexto del “odio”. La libertad de expresión, pilar de la Ley Fundamental, no puede ser un lujo que se pierda en nombre de la seguridad.
Alemania persigue tuits, pero ¿quién define el odio en un mundo sin libertad? 🗣️
