El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desatado una tormenta de críticas tras pedir solidaridad con el menor de 15 años que disparó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 8 de junio de 2025 en Bogotá. En un atentado que dejó a Uribe en estado crítico, el joven sicario, detenido tras el ataque, disparó seis veces por la espalda durante un mitin en el barrio de Fontibón. Petro, en una alocución televisada, afirmó que “la primera responsabilidad del Estado es cuidar la vida del menor, porque es un niño”, equiparando la protección del agresor con la de la víctima. Esta postura, junto a su orden de investigar a la escolta de Uribe, ha sido calificada de provocadora por opositores, en un contexto de alta polarización política y acusaciones de incitación a la violencia desde el Gobierno. La reacción internacional, liderada por figuras como Marco Rubio, y el eco en redes sociales amplifican un debate sobre la justicia, la seguridad y la retórica presidencial.
En la alocución presidencial donde se debía informar sobre el atentado contra Miguel Uribe, Gustavo Petro se pone a hablar en ÁRABE y sobre los palestinos.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 8, 2025
Es el peor presidente del continente, por lejos. Esta muy mal de la cabeza, completamente quemado.
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El Atentado Contra Miguel Uribe: Un Golpe a la Democracia
El sábado 8 de junio, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y uno de los principales opositores a Petro, fue atacado durante un acto de campaña en Fontibón, Bogotá. Un menor de 15 años, identificado como el autor material, llegó en motocicleta y disparó seis veces, impactando al menos dos balas en la cabeza y una en el muslo izquierdo de Uribe. El político, de 39 años, fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde tras una cirugía neuroquirúrgica permanece en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó que “está luchando por su vida”, mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, describió el ataque como un “hecho que nos retrotrae a los años más oscuros de Colombia”.
El menor fue detenido por asistentes al mitin y escoltas, recibiendo atención médica por heridas antes de ser trasladado a una unidad policial. Según la Fiscalía, portaba una pistola Glock de 9 mm, y en su celular se encontraron chats que sugerían la planificación del ataque para el sábado, implicando a una mujer interrogada, Sandra Beatriz Castillo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos (unos 640.000 euros) por información sobre los autores intelectuales, mientras más de 100 investigadores trabajan en el caso. El atentado, que hirió a dos personas más, ha reavivado el trauma de la violencia política de las décadas de 1980 y 1990, evocando asesinatos como el de Luis Carlos Galán en 1989.
Uribe, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 por el cártel de Medellín, es una figura destacada de la derecha colombiana. Elegido senador en 2022 con más de 220.000 votos, ha liderado la oposición a las reformas de Petro, denunciando su reforma laboral y el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Días antes del ataque, Petro lo señaló en X, escribiendo: “¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”, un mensaje que críticos como Foro Madrid consideran una incitación al atentado.
La Controversia de Petro: Solidaridad con el Menor Sicario
En una alocución al filo de la medianoche del 8 de junio, Petro condenó el atentado, pero sorprendió al pedir protección para el menor detenido, afirmando: “La primera responsabilidad del Estado es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia”. El presidente insistió en equiparar la protección de Uribe con la del agresor, calificando el día como “un día de dolor nacional”. Además, ordenó investigar a la escolta de Uribe, sugiriendo una “falla de seguridad” y cuestionando cómo un sicario pudo acercarse a una figura protegida, lo que desató acusaciones de desviar el foco de los responsables.
La reacción fue inmediata. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., culpó a la “violenta retórica izquierdista” de Petro, exigiendo que modere su discurso y calificando el atentado como una “amenaza a la democracia”. Foro Madrid acusó al presidente de crear un “clima de hostilidad” que motivó al sicario, mientras Santiago Abascal, líder de Vox, lo llamó “terrorista” y criticó a PSOE y PP por haberlo recibido en España. En Colombia, el Centro Democrático y figuras como el congresista Christian Garcés condenaron las palabras de Petro como una justificación implícita de la violencia.
Petro defendió su postura, argumentando que la justicia colombiana protege a los menores bajo el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que prioriza la rehabilitación sobre el castigo para menores de 18 años. Sin embargo, críticos señalaron que su énfasis en el menor, sin mencionar la gravedad del atentado o el estado de Uribe, deslegitima a la víctima y refuerza la percepción de impunidad. El alcalde Galán, tras un consejo de seguridad, instó a Petro a evitar “discursos de odio”, subrayando la responsabilidad de los líderes en reducir la polarización.
Petro: los niños no matan porque “son pobres”. Matan porque alguien les enseña a odiar hasta la muerte y les enseña a matar. Por eso Ud. tiene una gran responsabilidad: no engendre más odio entre colombianos. No estigmatice más a sus contradictores, no les diga asesinos a quienes… pic.twitter.com/vWcSHOJv4c
— Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) June 8, 2025
Un Clima de Polarización y Violencia Política
El atentado contra Uribe se inscribe en un contexto de alta tensión política. Petro, líder del Pacto Histórico, ha enfrentado a la oposición con un discurso que tilda a sus críticos de “nazis” o “esclavistas”, mientras la derecha lo acusa de proteger a grupos armados y debilitar las instituciones. La reciente disputa entre Petro y Uribe, centrada en la demanda contra Montealegre, escaló días antes del ataque, alimentando teorías de motivaciones políticas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, planteó tres hipótesis: un ataque personal contra Uribe, un golpe al Centro Democrático o un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, la falta de avances en identificar a los autores intelectuales mantiene abiertas todas las posibilidades.
Colombia tiene un historial de violencia política, con magnicidios como los de Jaime Pardo Leal (1987), Bernardo Jaramillo (1990) y Carlos Pizarro (1990), aún sin responsables intelectuales claros. El atentado contra Uribe evoca esta era oscura, agravada por el aumento de la delincuencia en Bogotá, donde los homicidios crecieron un 7,8% en 2024 según la Policía Nacional. La detención de un menor como sicario refleja un problema estructural: el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales, que en 2023 involucró a 5.600 menores, según el ICBF. Petro ha prometido una investigación exhaustiva, pero su retórica, vista como incendiaria por opositores, complica la unidad nacional frente a la crisis.
“Petro es un agitador público de odios. No queremos un presidente como Gustavo Petro. ¡Ya no más!”
— AbueloEmberracado (@Criticolombia2) June 8, 2025
Majestuosas palabras de Ingrid Betancourt sobre Petro! pic.twitter.com/kcwzONp0pE
Implicaciones y Reacciones Internacionales
El atentado ha generado condena global. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, repudió el ataque como una “amenaza a la democracia”, mientras Javier Milei, en un encuentro en Madrid con Edmundo González, vinculó el caso a la necesidad de fortalecer la democracia en Iberoamérica. En Colombia, miles salieron a las calles el 9 de junio, exigiendo justicia y, en algunos casos, la dimisión de Petro. La comunidad internacional, incluyendo Amnistía Internacional, ha instado a proteger los derechos del menor detenido, pero sin desviar la atención de la gravedad del atentado.
La sociedad colombiana, polarizada, enfrenta un dilema: castigar la violencia sin exacerbar la división. Petro, al priorizar la protección del menor, apela a un marco legal humanitario, pero su discurso es visto como una provocación que agrava la desconfianza. La investigación, con chats que sugieren una red detrás del sicario, debe esclarecer si el ataque fue un acto aislado o parte de una estrategia política. Mientras Uribe lucha por su vida, Colombia necesita líderes que desactiven la retórica de odio y prioricen la justicia, la seguridad y la reconciliación.
Petro pide cuidar al sicario, pero Colombia clama justicia para Uribe 🩺🔫
