Andalucía enfrenta una crisis hídrica agravada por la paralización de 118 obras hidráulicas de interés general del Estado, según un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural publicado el 22 de mayo de 2025. Estas obras, con una inversión pendiente de 5.400 millones de euros, son cruciales para garantizar el abastecimiento de agua en una región donde los embalses, al 60,4% de su capacidad con 6.697 hectómetros cúbicos, han perdido 26 hectómetros en días recientes. A pesar de las lluvias de 2025, el déficit estructural de 1.100 hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir y la falta de infraestructuras limitan el riego al 30%, afectando a la agricultura, el turismo y la población. La tensión entre el Gobierno central y la Junta, junto a la inacción ante proyectos clave, pone en riesgo la sostenibilidad hídrica de Andalucía.
Una Crisis Hídrica que Persiste
Aunque las lluvias de principios de 2025, impulsadas por borrascas como Laurence, elevaron las reservas de los embalses andaluces al 60,4%, superando la media de la última década (43,7% en 2024), la situación sigue siendo frágil. La cuenca del Guadalquivir, que abastece a Sevilla, Huelva y parte de Córdoba, reporta un déficit de 1.100 hectómetros cúbicos respecto a la media de los últimos 25 años, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Las cuencas mediterráneas andaluzas, como la del Guadalete-Barbate, están al 22% y 25% de su capacidad, entre las más bajas del país. La reciente pérdida de 26 hectómetros cúbicos evidencia la vulnerabilidad de las reservas, agravada por la falta de infraestructuras para captar y almacenar agua.
La paralización de 118 obras hidráulicas, valoradas en 5.400 millones de euros de un total de 8.600 millones declarados desde 2001, es un obstáculo crítico. Huelva lidera con 23 proyectos pendientes, seguida por Almería (20), Málaga (18), Granada (17), Cádiz (16), Sevilla (12), Jaén (8) y Córdoba (4). Entre las obras destacadas está la Presa de Alcolea y el canal de Trigueros en Huelva, con solo un 17% de avance. Estas infraestructuras son esenciales para el riego agrícola, que consume el 80% del agua en Andalucía, y el abastecimiento urbano, vital para 8,5 millones de habitantes y el turismo. La Junta acusa al Gobierno central de incumplir el Plan Hidrológico, mientras el Ejecutivo de Sánchez señala que la responsabilidad recae en las autonomías.
La gestión hídrica también sufre por el mantenimiento deficiente. El embalse de Benínar en Almería, por ejemplo, pierde hasta el 60% de su capacidad por fugas y falta de reparaciones, según la Consejería. La CHG ha limitado las dotaciones de riego al 30%, afectando a cultivos como el olivar y los subtropicales de Málaga y Almería, que han visto caer su producción un 80% en 2024. La situación pone en jaque a la agricultura, que representa el 4,5% del PIB andaluz y emplea a 250.000 personas.
La Respuesta de la Junta y las Tensiones Políticas
La Junta de Andalucía ha invertido 1.400 millones de euros entre 2019 y 2025 en 500 infraestructuras hidráulicas, con 130 obras en marcha por 853 millones en 2025, según el consejero Ramón Fernández-Pacheco. Estas incluyen depuradoras, desaladoras y mejoras en presas, como las de El Bobar y El Toyo en Almería, que aportarán 16 hectómetros cúbicos de agua regenerada para 3.180 hectáreas de cultivos. La Junta también licitará obras por 576 millones en 2025, enfocadas en abastecimiento, digitalización y regeneración de aguas, para cumplir con directivas de la UE y evitar sanciones de 12 millones anuales por vertidos. Sin embargo, Fernández-Pacheco insiste en que el Gobierno central debe financiar las obras de interés general, como la Presa de Alcolea, cuya gestión asumirá la Junta si recibe fondos.
Las tensiones entre administraciones son evidentes. La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) critica la “pésima gestión hidráulica” del Gobierno central, que no ha iniciado ninguna obra en el Guadalquivir en 2024, incumpliendo el Plan Hidrológico. Feragua también denuncia el mal funcionamiento de la estación de bombeo de Breña II, operando al 10% de su capacidad, y exige que el Ministerio retire a Acuaes la gestión de este embalse. Por su parte, el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transformación Ecológica, dejó sin gastar el 48,3% de los 210 millones presupuestados para obras hidráulicas en 2022, según Acuaes y AcuaMed, priorizando proyectos en Marruecos sobre los nacionales.
La oposición, liderada por el PP y Vox, acusa al Ejecutivo de Sánchez de agravar la sequía con políticas “ideológicas”, como el derribo de presas y la falta de un Plan Hidrológico Nacional. En contraste, el PSOE defiende que las lluvias de 2025 han aliviado la crisis, aunque admite que la infraestructura obsoleta requiere reformas. Esta disputa política, sumada a la falta de coordinación, retrasa soluciones urgentes para una región que enfrenta restricciones de agua en Málaga (180 litros por habitante/día) y el Campo de Gibraltar (200 litros).
¡QUIEN DICE PARÓN! Dice DERRIBANDO PRESAS Y REPRESAS Y CUALQUIER FORMA DE RETENER AGUA
Un Reto Social y Económico
La crisis hídrica trasciende la política y afecta directamente a la sociedad andaluza. En 2024, 3,5 millones de personas sufrieron restricciones de agua, con cortes nocturnos en 24 pueblos de Córdoba y 14 de Málaga. Lugares como Lucena y la Sierra de Huelva han dependido de camiones cisterna, mientras el embalse de Zahara de la Sierra, en Cádiz, está al 3% de su capacidad. El turismo, que genera el 13% del PIB regional, sufre cancelaciones por los cortes, y los agricultores, especialmente en la Axarquía y el Levante almeriense, enfrentan pérdidas millonarias. La sobreexplotación de acuíferos, como los de Gilena y Estepa, agrava la escasez, dejando a 100.000 habitantes con problemas de acceso al agua potable.
La sociedad demanda soluciones integrales. La Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía establece la sostenibilidad y la equidad en la gestión hídrica, pero su implementación es lenta. Expertos como Julián Salcedo, del Foro de Economistas Inmobiliarios, señalan que la construcción de solo 125.000 viviendas nuevas al año, frente a 250.000 hogares creados, intensifica la presión sobre los recursos hídricos. Propuestas como una cuarta desaladora en Almería, con 100 millones de inversión, o la mejora de la desaladora de Carboneras para producir 50 hectómetros cúbicos anuales, son pasos positivos, pero insuficientes sin un plan nacional.
Andalucía necesita urgentemente desbloquear las 118 obras pendientes, coordinar esfuerzos entre administraciones y modernizar infraestructuras. Un Plan Hidrológico Nacional, demandado por regantes y la Junta, podría optimizar el trasvase de agua desde regiones excedentarias como Madrid (88,5% de capacidad) o el Ebro (72%). Sin acción, el déficit hídrico seguirá amenazando la economía y la calidad de vida. La lluvia de 2025 no basta: Andalucía exige obras, no promesas, para asegurar su futuro hídrico.
118 obras paradas: Andalucía se seca mientras el agua se pierde 💧.