El pasado domingo, un robo de cable de cobre paralizó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, dejando a miles de pasajeros atrapados durante hasta ocho horas en trenes varados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como un “sabotaje” intencionado, argumentando que el valor del cobre sustraído, estimado en unos 1.000 euros, era demasiado bajo para justificar un robo frecuente. Sin embargo, esta afirmación ignora la realidad de los hurtos de menor cuantía en España, un fenómeno extendido que mueve millones de euros anuales y que pone en entredicho la hipótesis del ministro. A través de un análisis de los robos y hurtos de menos de 1.000 euros, este artículo desmonta la narrativa de Puente y revela por qué su interpretación resulta, cuanto menos, desacertada.
Las declaraciones de Óscar Puente: un enfoque cuestionable
En un intento por explicar el caos ferroviario, Puente señaló que el robo de cobre no tenía sentido económico, ya que su valor en el mercado rondaría los 700 a 1.000 euros, frente al enorme impacto causado a entre 10.000 y 16.000 pasajeros. “El rédito económico es mínimo, lo que apunta a una voluntad de causar daño”, afirmó el ministro, sugiriendo que el incidente fue un acto coordinado en puntos sin cámaras de vigilancia. Esta teoría, aunque atractiva para justificar la magnitud del problema, pasa por alto un hecho clave: los hurtos de bajo valor, como el del cobre, son una práctica común en España, impulsada precisamente por su facilidad y la percepción de impunidad.
Puente subestima la motivación de los delincuentes, que no siempre buscan grandes ganancias, sino beneficios rápidos con bajo riesgo. El cobre, valorado en el mercado negro entre 3 y 5 euros por kilo, es un objetivo recurrente debido a su alta demanda en el reciclaje y la facilidad para sustraerlo de infraestructuras como ferrocarriles o redes eléctricas. La idea de que un robo de 1.000 euros no merece la pena refleja un desconocimiento de la dinámica de los delitos patrimoniales menores, que en conjunto generan pérdidas significativas para el país.
Hurtos y robos menores de 1.000 euros: un problema masivo
Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 649.076 hurtos en España, lo que equivale a una media de 1.777 casos diarios. Aunque no todos estos hurtos involucran bienes de menos de 1.000 euros, los delitos leves de hurto —aquellos donde el valor sustraído no supera los 400 euros— representan una proporción sustancial. Datos de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) y el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial de AECOC indican que los hurtos externos en comercios, que suelen involucrar productos de bajo valor como alimentos, bebidas o cosméticos, generaron pérdidas de 1.057 millones de euros en 2024. Esto evidencia que los delitos de cuantía modesta son un negocio lucrativo en agregado, especialmente para redes organizadas o reincidentes.
En el caso específico de los robos de cobre, la Confederación Hidrográfica del Júcar y otras fuentes reportan más de 4.000 incidentes anuales relacionados con el robo de metales en infraestructuras públicas, desde cableado eléctrico hasta tuberías. Estos delitos, que a menudo no superan los 1.000 euros por caso, son ejecutados por grupos que acumulan pequeñas ganancias a través de múltiples sustracciones. Por ejemplo, 300 metros de cable de cobre, como los robados en el incidente del AVE, podrían pesar entre 50 y 100 kilos, generando entre 150 y 500 euros en el mercado negro. Para un delincuente, esta cantidad justifica el esfuerzo, especialmente si la operación se realiza en pocos minutos y en zonas con escasa vigilancia.
Además, el Código Penal español considera los hurtos de menos de 400 euros como delitos leves, castigados con multas de 1 a 3 meses (entre 180 y 540 euros en 2025), lo que reduce el riesgo para los infractores. Incluso en casos de robos con fuerza, como forzar accesos para sustraer cableado, las penas raramente superan los 18 meses de prisión, y sin antecedentes, los condenados suelen evitar la cárcel. Esta laxitud legal refuerza la percepción de que estos delitos son de bajo costo para los criminales, desmintiendo la idea de Puente de que el robo de cobre no sería rentable.
Por qué la teoría del sabotaje no convence
La hipótesis de Puente se tambalea ante las estadísticas y la lógica criminal. Los robos de cobre son un problema recurrente en las redes ferroviarias españolas, como lo demuestran incidentes similares en 2023 y 2024 en líneas de Cercanías y regionales. La coordinación en “cuatro o cinco puntos sin cámaras”, que el ministro cita como prueba de sabotaje, es más bien un reflejo de la profesionalización de ciertas bandas, que estudian las vulnerabilidades de las infraestructuras para maximizar la eficacia de sus robos. Lejos de ser un acto político o vandálico, estos incidentes responden a una lógica de mercado: el cobre es fácil de extraer, vender y reciclar.
Además, el impacto desproporcionado del robo —ocho horas de parálisis y miles de pasajeros afectados— no implica necesariamente una intención de sabotaje. La fragilidad de las infraestructuras ferroviarias, donde un solo corte de cable puede interrumpir todo un sistema, amplifica las consecuencias de un delito menor. culpar a un supuesto sabotaje, sin pruebas concretas, desvía la atención de problemas estructurales como la falta de vigilancia en tramos críticos o la lentitud en la reposición de materiales robados.
Un ministro desconectado de la realidad
Las declaraciones de Óscar Puente no solo carecen de sustento, sino que trivializan un problema que afecta a diario a comercios, infraestructuras y ciudadanos. Los hurtos y robos de menos de 1.000 euros no son anécdotas: son un engranaje de la delincuencia organizada que mueve millones y erosiona la seguridad pública. Al sugerir que un robo de cobre no es “rentable” para los ladrones, el ministro ignora que, para muchos delincuentes, 500 o 1.000 euros son más que suficientes, especialmente en un contexto donde la reincidencia rara vez enfrenta consecuencias severas.
El incidente del AVE no es un caso aislado, sino un síntoma de una vulnerabilidad sistémica que el Gobierno no ha abordado con seriedad. En lugar de especular con sabotajes, Puente debería centrarse en reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas y agilizar las respuestas ante estos robos, que seguirán ocurriendo mientras el cobre tenga compradores y las penas sean mínimas. Mientras el ministro busca villanos imaginarios, los verdaderos responsables siguen cortando cables, y los pasajeros pagan el precio.
Mientras Óscar Puente busca conspiraciones de sabotaje, los ladrones de cobre demuestran que 1.000 euros valen más que un tren parado
