El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un anteproyecto de ley que revoluciona el sistema de precios de medicamentos y productos sanitarios en España, desatando una oleada de críticas desde el sector farmacéutico. La normativa introduce un modelo de precios de referencia que obliga a todos los fármacos de un mismo grupo terapéutico a igualar el coste del más barato disponible, una medida que el Gobierno presenta como un paso hacia la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, la patronal Farmaindustria y otras asociaciones del sector advierten que esta decisión podría desencadenar una crisis de abastecimiento, debilitar la industria nacional y comprometer el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343
El mecanismo propuesto no es un experimento nuevo. Entre 2011 y 2018, Andalucía aplicó un sistema similar de subastas bajo el gobierno socialista de José Antonio Griñán, con María Jesús Montero como consejera de Salud. Aquella iniciativa, diseñada para reducir el gasto farmacéutico mediante la prescripción por principio activo y la selección del medicamento más económico, acabó en un rotundo fracaso. Empresas con poca capacidad de producción o distribución se adjudicaron contratos, lo que provocó desabastecimientos en farmacias, confusión entre pacientes —que recibían medicamentos distintos en cada dispensación— y protestas de médicos y farmacéuticos por la pérdida de autonomía en la prescripción. Los tribunales anularon varias subastas por irregularidades, y en 2020, el gobierno de Juanma Moreno derogó el sistema, calificándolo de “perjudicial para pacientes, profesionales y el propio sistema sanitario”. La experiencia andaluza dejó un precedente claro: priorizar el precio sobre la estabilidad del suministro tiene consecuencias graves.
La nueva ley, según el Ejecutivo, busca ahorrar costes y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, pero las críticas no se han hecho esperar. Farmaindustria, junto a cinco asociaciones del sector —Aeseg (genéricos), Aelmhu (medicamentos huérfanos), Afaquim (química fina), Anefp (autocuidado) y Biosim (biosimilares)—, ha emitido un comunicado conjunto, algo excepcional, para rechazar la propuesta. Argumentan que fijar precios de referencia basados en el fármaco más barato, especialmente para medicamentos fuera de patente, hará inviable su producción en España. Muchas empresas podrían optar por retirar líneas de fabricación o abandonar el mercado español, donde los márgenes ya son ajustados. Esto, advierten, agravaría los problemas de suministro que ya afectan al país. Según datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en 2023 se registraron problemas de abastecimiento con 950 fármacos, casi el doble que en 2022, afectando a tratamientos para enfermedades comunes como hipertensión o diabetes, así como a medicamentos especializados.
El impacto no se limita a los pacientes. La industria farmacéutica, que emplea a más de 50.000 personas en España y representa el 2,3% del PIB según un informe de Farmaindustria de 2024, teme un golpe a su competitividad. La nueva regulación, aseguran, contradice la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por el propio Gobierno en diciembre de 2024, que prometía fomentar la innovación y la producción local. Un análisis de El Economista (marzo 2025) señala que países como Alemania o Francia, con sistemas de precios más flexibles, han evitado desabastecimientos generalizados al incentivar la producción local, mientras que España podría seguir el camino opuesto. Además, la experiencia de otros países con modelos similares, como Grecia durante su crisis económica, muestra que la presión extrema sobre los precios llevó a la retirada de medicamentos esenciales del mercado.
El sector también critica la falta de diálogo. Las asociaciones aseguran que el anteproyecto se ha gestado sin consultar a los principales actores implicados, desde fabricantes hasta distribuidores y farmacias. La Federación Española de Farmacéuticos (FEFE) ha alertado de que las farmacias, ya tensionadas por la escasez de medicamentos, podrían enfrentarse a una “tormenta perfecta” si la ley se implementa sin ajustes. Por su parte, el Gobierno insiste en que la norma modernizará el sistema y aliviará la presión sobre el presupuesto sanitario, que en 2023 destinó más de 12.000 millones de euros a medicamentos, según el Ministerio de Sanidad.
Mientras el anteproyecto inicia su trámite parlamentario, la incertidumbre crece. ¿Podrá el Ejecutivo equilibrar ahorro y acceso sin repetir los errores del pasado? La industria farmacéutica está en jaque, y con ella, la salud de millones.
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