El 20 de julio de 2025, una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a revelar los nombres de los pasajeros que lo acompañaron en 122 vuelos del Falcon entre 2022 y 2023, tras meses de opacidad de Moncloa. La decisión, impulsada por una solicitud de información, desmonta los argumentos del Ejecutivo, que calificaba las peticiones como “abusivas” y alegaba riesgos para la seguridad nacional y la protección de datos. La medida responde a sospechas de que entre los pasajeros podrían figurar personas vinculadas a tramas de corrupción, como el caso Koldo, y a cuestionamientos sobre el uso del avión oficial para fines partidistas. En un contexto donde el 23% de los hogares españoles no tienen ahorros, la falta de transparencia ha avivado críticas sobre el uso de recursos públicos, intensificando el escrutinio sobre Sánchez y su entorno.
Una Resolución Contra la Opacidad
La resolución 2025-0765 del CTBG, emitida el 20 de junio de 2025, exige a Moncloa proporcionar un listado detallado de los acompañantes de Sánchez en los vuelos del Falcon, incluyendo fechas, destinos y motivos de los desplazamientos. El Consejo rechazó las excusas de la Secretaría General de Presidencia, liderada por Beatriz Rodríguez, que argumentaba que divulgar esta información comprometía la seguridad nacional o violaba la privacidad. El CTBG subrayó que el acceso a datos sobre viajes oficiales “contribuye al control efectivo de la actividad pública”, desestimando la supuesta “mala fe” de las solicitudes. El Ejecutivo solo ha proporcionado un listado parcial de destinos y fechas, omitiendo costes, motivos y nombres, y remitiendo a su agenda pública, que no incluye detalles como fechas de regreso.
Los 122 vuelos registrados entre 2022 y 2023 incluyen destinos como Marruecos, Bruselas, Egipto, Estados Unidos y República Dominicana. La opacidad ha generado especulaciones, especialmente tras informes que sugieren que empresarios investigados en el caso Koldo, como Víctor de Aldama, podrían haber viajado con Sánchez, por ejemplo, a Argelia. La negativa de Moncloa a confirmar o desmentir estas acusaciones ha intensificado las dudas sobre el uso del Falcon, un avión militar operado por el Grupo 45 del Ejército del Aire, cuyo coste por hora de vuelo se estima en 6.000 euros. Cada 60 minutos de vuelo emite 2,6 toneladas de CO2, equivalente a las emisiones de un ciudadano europeo medio en tres meses, lo que añade críticas por su impacto ambiental frente a alternativas como el tren.
@sanchezcastejon, obligado a desvelar a quién invitó al Falcon en 122 vuelos entre sospechas de que lo usaron protagonistas de las tramas de corrupción‼️
— El nuevo Espíritu de Ermua (@EErmua) July 21, 2025
Presidencia se ha negado a desvelar sus identidades y considera «abusivo» que se lo pregunten, pero una instrucción legal le pic.twitter.com/1zRMKiMG4U
Contexto de Sospechas y Escándalos
El caso del Falcon se entrelaza con controversias previas sobre su uso por parte de Sánchez. En 2022, el presidente utilizó el avión para asistir al concierto de Joan Manuel Serrat en Barcelona, acompañado por los ministros de Exteriores, Cultura y Universidades, un desplazamiento criticado como no estrictamente oficial. En 2023, la mitad de sus viajes a Galicia coincidieron con actos electorales del PSOE, según registros de la agenda oficial y la web Falcondespega, que rastrea los movimientos del avión. Moncloa ha justificado estos vuelos combinando eventos institucionales con actos partidistas en ubicaciones cercanas, una práctica cuestionada por la oposición como un abuso de recursos públicos. El Ministerio de Defensa no recibe compensación por estos vuelos, que se sufragan con el presupuesto general del Ejército del Aire.
Las sospechas sobre los pasajeros se intensifican por el caso Koldo, una trama de corrupción vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado el “rol de viajeros” del Falcon, especialmente para vuelos a República Dominicana, donde Aldama afirmó haber visto el avión estacionado con frecuencia. Aunque Defensa atribuye estas escalas a motivos técnicos, como mantenimiento, las dudas persisten. Además, la investigación sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presunto tráfico de influencias, incluye preguntas sobre su posible uso del Falcon para viajes personales o profesionales. Una resolución del CTBG del 19 de septiembre de 2024 ya exigió aclarar si Gómez usó el avión o vuelos comerciales pagados por el Estado, pero Moncloa ha incumplido esta orden, alegando protección de datos.
🛫 Despegando T.18-4 (callsign AME4515, DASSAULT Falcon 900) en Brasil 🇧🇷
— Falcon Despega (@falcon_despega) July 21, 2025
⌚ 🛫: 21/07 07:15
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Reacciones y Presión Pública
VOX y el PP han liderado las críticas, exigiendo transparencia en el Congreso. VOX, a través de preguntas parlamentarias desde 2020, ha denunciado el uso del Falcon para mítines y eventos no oficiales, acusando a Sánchez de “rodear de misterio” los viajes. En redes sociales, usuarios han calificado la opacidad como “escandalosa”, sugiriendo que los nombres de los pasajeros podrían ser “inconfesables” y marcar la “tumba política” de Sánchez. El PSOE defiende que los vuelos son legítimos y que Gómez no ha usado el Falcon para fines privados, pero la contratación de una asistente personal para ella, Cristina Álvarez, con un salario de 50.000 a 100.000 euros anuales, ha avivado el escrutinio sobre el uso de recursos públicos.
El Consejo de Transparencia ha emitido múltiples resoluciones contra Moncloa, como en el caso del viaje de Sánchez al Festival de Benicàssim en 2019, donde se ordenó revelar costes, pero el Ejecutivo sigue recurriendo a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para justificar su negativa. Juristas sostienen que esta opacidad constituye una desobediencia deliberada para proteger al entorno del presidente, lo que podría derivar en acciones legales. La presión pública crece, con el PP y VOX interpelando en el Parlamento sobre posibles vínculos con tramas como el caso Travis, que involucra contratos irregulares durante la pandemia.
Un Debate sobre Transparencia y Recursos Públicos
La obligación de revelar los pasajeros del Falcon marca un nuevo revés para Sánchez, cuya gestión del avión oficial ha sido un símbolo de controversia. La resolución del CTBG expone un patrón de opacidad que contrasta con la normativa de transparencia, alimentando sospechas sobre el uso del Falcon para fines no institucionales y la posible presencia de figuras vinculadas a escándalos de corrupción. Con un coste estimado de 18 millones de euros en combustible en dos años y un impacto ambiental significativo, el caso plantea preguntas sobre la responsabilidad en el uso de recursos públicos. En un país con crecientes tensiones económicas, la transparencia exigida podría redefinir la confianza en el Ejecutivo, o profundizar las acusaciones de abuso de poder si Moncloa persiste en su resistencia.
Sánchez debe abrir el Falcon: ¿Que secretos inconfesables esconde? ✈️
