El Ejecutivo español ha defendido que actuó a tiempo frente a la pandemia de COVID-19, asegurando que no había advertencias claras sobre su gravedad antes del 8 de marzo de 2020, fecha marcada por las manifestaciones masivas del Día de la Mujer. Sin embargo, información recopilada indica que desde enero de ese año existían señales de alerta que el Gobierno conocía, pero que no se tradujeron en medidas inmediatas ni en una comunicación fluida con las comunidades autónomas, lo que pudo haber influido en el impacto inicial de la crisis sanitaria en España.
Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 8 de marzo de 2020, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) registraron hasta 15 eventos y reuniones clave que evidenciaban la seriedad del virus. El 31 de diciembre de 2019, la OMS informó oficialmente sobre casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, China, dato que llegó al Ministerio de Sanidad. A lo largo de enero y febrero, los reportes internacionales escalaron: el 30 de enero de 2020, la OMS declaró la emergencia sanitaria global, y el 2 de marzo, el ECDC advirtió que el riesgo de transmisión comunitaria en Europa era de moderado a alto, recomendando evitar eventos masivos. A pesar de estas señales, el Gobierno español solo convocó cuatro reuniones con las comunidades autónomas para tratar el tema en ese periodo. Según varias consejerías de sanidad, la información se transmitió con retrasos significativos o no se compartió de manera adecuada.
El 8 de marzo de 2020, el Ejecutivo permitió la celebración de manifestaciones y otros eventos multitudinarios, como partidos de fútbol y ferias, a pesar de las advertencias internacionales. Al día siguiente, el 9 de marzo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, informó de 904 casos confirmados en el país, incluyendo 26 entre personal sanitario. Ese mismo día, la Comunidad de Madrid alertó sobre una posible transmisión comunitaria y la necesidad de tomar medidas urgentes, mientras que el País Vasco ordenó el cierre de colegios en algunas zonas. Dos días después, el 11 de marzo, la OMS declaró oficialmente la pandemia. Finalmente, el 14 de marzo, el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional, una medida que marcó un punto de inflexión en la gestión de la crisis.
La falta de acción inmediata antes del 8 de marzo ha generado críticas hacia el Gobierno, especialmente porque los datos sugieren que había información suficiente para justificar medidas preventivas más estrictas. Portavoces de varias consejerías de sanidad autonómicas han señalado que la comunicación con el Ministerio fue insuficiente, lo que dificultó una respuesta coordinada en las primeras etapas de la pandemia. Este escenario plantea interrogantes sobre si una actuación más temprana podría haber mitigado la rápida propagación del virus en España, que eventualmente dejó más de 14 millones de contagios y 157.000 fallecimientos, según cifras oficiales.
El análisis de estos hechos, a cinco años de la declaración del estado de alarma, pone en relieve los desafíos de gestionar una crisis sanitaria de esta magnitud y la importancia de una comunicación transparente y oportuna entre las autoridades centrales y regionales. Aunque el Gobierno insiste en que actuó conforme a la información disponible en cada momento, la evidencia de las advertencias previas sigue alimentando el debate sobre la preparación y la toma de decisiones en los primeros compases de la pandemia.
