En el Bajo Guadalquivir, una de las zonas agrícolas más fértiles de Andalucía, los agricultores enfrentan una amenaza creciente: la presión de empresas energéticas para transformar sus tierras de cultivo en megaplantas fotovoltaicas. En municipios como Lebrija, Sevilla, los productores denuncian tácticas coercitivas, desde ofertas económicas hasta amenazas veladas de expropiación, para ceder terrenos que han sustentado a generaciones. Estas iniciativas, impulsadas bajo el paraguas de la transición ecológica, han generado rechazo entre las comunidades de regantes, que ven peligrar su actividad y la seguridad alimentaria local. VOX, liderado por Manuel Gavira en Andalucía, ha respaldado a los afectados, criticando el “fundamentalismo verde” de los gobiernos central y autonómico. Este conflicto, que enfrenta los objetivos climáticos con la tradición agrícola, expone la falta de diálogo y los riesgos de una transición energética que prioriza intereses empresariales sobre el sustento rural.
La Presión sobre los Campos Sevillanos
El Bajo Guadalquivir, conocido por su producción hortofrutícola, es un pilar de la economía andaluza. Sin embargo, sus tierras fértiles son ahora objetivo de empresas energéticas que buscan instalar parques solares para cumplir con los objetivos renovables de la Unión Europea, que aspira a 76 gigavatios de potencia fotovoltaica en España para 2030. Los agricultores de la Comunidad de Regantes Sector B-XII denuncian que las propuestas llegan sin consulta previa, con ofertas de arrendamiento de 1.500 a 3.000 euros por hectárea anuales, muy por debajo del valor económico y cultural de sus cultivos. En muchos casos, las presiones escalan a ultimátums: aceptar el acuerdo o enfrentar la expropiación forzosa, amparada en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que declara las plantas solares de “utilidad pública”.
Las tácticas de las empresas, según los afectados, son estratégicas. Primero negocian con grandes propietarios para asegurar una porción significativa del terreno, luego presionan a pequeños agricultores, muchos de los cuales desconocen los planes hasta recibir notificaciones oficiales o ver maquinaria en sus fincas. En Lebrija, algunos han encontrado pegatinas marcando sus cultivos, un signo de que sus tierras ya están en la lista de proyectos. La falta de transparencia y el uso de normativas obsoletas, diseñadas para infraestructuras como presas, han generado indignación. En X, usuarios han calificado estas prácticas como “expolio climático”, destacando el contraste entre los beneficios prometidos por las renovables y la ruina de las familias rurales.
La instalación de placas solares no solo ocupa los cultivos, sino que afecta líneas de evacuación eléctrica y torres que invaden el espacio aéreo, reduciendo la superficie cultivable. Estudios locales estiman que la transformación de estas tierras podría disminuir la producción agrícola en un 20%, afectando a productos clave como el tomate o la zanahoria, que abastecen a Andalucía y más allá. Los agricultores, que generan unos 30.000 euros anuales por hectárea, consideran las indemnizaciones insuficientes, ya que no compensan el empleo perdido ni el impacto en la economía comarcal.
¿Sabías que están talando olivos de más de 500 años para poner macroplantas solares? Ayúdanos a decirle a la Junta de Andalucía que la transición ecológica no puede ser a costa de expropiar nuestra historia y biodiversidad.
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El “Fundamentalismo Verde” en el Punto de Mira
VOX, a través de su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado lo que califica como “fundamentalismo verde” impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno. Gavira, tras reunirse con los regantes del Bajo Guadalquivir el 19 de junio de 2025, criticó que las autoridades minimicen el impacto territorial de las plantas solares, contabilizando solo la superficie de las placas y omitiendo las infraestructuras asociadas. Según sus cálculos, el daño al campo andaluz es tres veces mayor al reconocido oficialmente, afectando no solo la producción, sino el paisaje y la identidad cultural de la región.
La Junta de Andalucía, que aprueba estos proyectos, ha declarado de “utilidad pública” varias plantas solares, facilitando expropiaciones bajo una normativa que los agricultores consideran anacrónica. La fragmentación de proyectos en instalaciones menores de 49,9 megavatios, un límite que evita la supervisión del Gobierno central, es otra táctica denunciada. Esta práctica, según los afectados, elude evaluaciones ambientales rigurosas, permitiendo a empresas como Greenalia o FRV Arroyadas avanzar sin oposición significativa. En X, usuarios han acusado a la administración de “vender el campo a fondos extranjeros”, señalando que la energía generada se exportará a Europa, sin beneficios locales.
El Gobierno central, por su parte, defiende las renovables como esenciales para reducir las emisiones de CO2 y la dependencia de combustibles fósiles, con un 56,8% de la electricidad española procedente de fuentes limpias en 2023. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio que proteja los suelos agrícolas ha generado críticas. Organizaciones como ASAJA, COAG y UPA han exigido que las plantas solares se ubiquen en terrenos no productivos, una propuesta ignorada por las autoridades. La ausencia de diálogo con las comunidades rurales refuerza la percepción de una transición energética impuesta desde despachos, no consensuada con quienes sostienen la economía agraria.
Los Costes de la Transición Ecológica
El conflicto en Sevilla no es un caso aislado. En Jaén y Córdoba, más de 100 agricultores han denunciado la tala de 100.000 olivos centenarios para instalar megaplantas solares, con pérdidas estimadas en 2,2 millones de euros anuales en producción y un millón en jornales. En Lopera, Jaén, la Plataforma Campiña Norte ha llevado el caso a los tribunales, acusando a la Junta de prevaricación ambiental y denunciando daños arqueológicos en la Vía Augusta, una antigua ruta romana. A pesar de estas acciones, las expropiaciones continúan, con 5.000 olivos ya talados y 50 más previstas en marzo de 2025.
La normativa actual, que permite declarar las plantas solares de “utilidad pública”, se basa en la Ley del Sector Eléctrico, que otorga prioridad a las infraestructuras energéticas sobre los cultivos. Los agricultores, como Antonio Miguel en Jaén, han relatado la impotencia de recibir cartas que les obligan a arrendar por 3.000 euros por hectárea o enfrentar la expropiación, un proceso que califican de “dictatorial”. Las indemnizaciones, que rondan los 18.000 euros por finca, no compensan el valor emocional ni económico de tierras que generan hasta 40.000 euros anuales. En X, usuarios han compartido historias de olivos de 300 años marcados para su destrucción, lamentando la pérdida de un patrimonio cultural.
El impacto va más allá de lo económico. La transformación de tierras agrícolas en parques solares amenaza la seguridad alimentaria, aumentando la dependencia de importaciones en un contexto de crisis global. Estudios de la Universidad de Málaga advierten que las megaplantas en zonas rurales, ya afectadas por el cambio climático, pueden reducir los recursos hídricos y alterar el modelo productivo, desplazando a miles de trabajadores agrícolas. La falta de empleo generado por estas instalaciones, que requieren mantenimiento mínimo, contrasta con los 2.500 puestos perdidos en Jaén por la tala de olivos.
Hacia una Transición Justa
El conflicto en Sevilla pone en evidencia la necesidad de una transición ecológica que no sacrifique el campo. Los agricultores, bajo el lema “Renovables sí, pero no así”, no rechazan las energías limpias, sino su implementación a costa de sus medios de vida. Propuestas como instalar placas solares en terrenos no cultivables, tejados industriales o zonas degradadas podrían reducir la presión sobre el suelo agrícola. La Unión Española Fotovoltaica estima que los tejados podrían generar 20 gigavatios, un cuarto del objetivo nacional, sin afectar a los cultivos.
España necesita un marco regulatorio que equilibre los objetivos climáticos con la protección del patrimonio agrario. La actualización de la Ley de Expropiación Forzosa, para limitar su uso en suelos productivos, y evaluaciones ambientales vinculantes para proyectos fragmentados son medidas urgentes. Los ayuntamientos, como sugiere la Plataforma Campiña Norte, podrían modificar sus planes urbanísticos para restringir las megaplantas, pero requieren el respaldo de la Junta. La sociedad, con un 23% de hogares sin ahorros, no puede asumir una transición que enriquezca a empresas mientras empobrece a las comunidades rurales.
El apoyo de VOX a los agricultores sevillanos, aunque minoritario, visibiliza un problema que trasciende ideologías. La transición energética debe ser participativa, incluyendo a los regantes y pequeños propietarios en la toma de decisiones. Sin un enfoque justo, las “expropiaciones climáticas” seguirán alimentando la desconfianza hacia una agenda verde que, en lugar de unir, divide. España debe elegir: un futuro renovable que preserve su campo o uno que lo convierta en un desierto de placas solares.
Sevilla pierde su campo por placas solares: ¿es este el precio del progreso? 🌾
