El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea planea implementar un certificado obligatorio de «vida útil» para vehículos usados, una medida que podría forzar el achatarramiento masivo de coches de combustión con ITV vigente. Este documento, emitido por estaciones de ITV o talleres autorizados, determinará si un automóvil ha alcanzado el final de su vida útil, impidiendo su venta en el mercado de segunda mano si no lo supera. Con un parque automovilístico en España cuya edad media supera los 14 años y un 23% de hogares sin ahorros, la iniciativa ha generado críticas por limitar la movilidad de las familias de bajos ingresos y priorizar la transición al coche eléctrico. La medida, parte de la agenda climática de la UE hacia la neutralidad de carbono en 2050, es vista por detractores como una “persecución” a los vehículos de combustión, agravando la crisis del mercado automovilístico.
Un Certificado para Retirar Coches Usados
La nueva normativa, en estudio desde hace años por Bruselas, obliga a que los vehículos de segunda mano obtengan un certificado de vida útil para ser vendidos, incluso si cumplen con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Este documento evaluará si el coche ha llegado al final de su ciclo útil, considerando factores como defectos estructurales irreversibles o la imposibilidad de reparar componentes clave como el motor, la transmisión o el chasis. Si el vehículo no obtiene el certificado, será destinado al desguace, aunque esté en condiciones operativas. La medida, que se enmarca en el paquete Fit for 55 y la Directiva 2000/53/CE sobre vehículos al final de su vida útil, busca rejuvenecer el parque automovilístico y reducir emisiones, pero podría retirar miles de coches funcionales de la circulación.
En España, donde la edad media de los vehículos alcanza los 14,7 años según la DGT, y las ventas de coches de segunda mano duplican a las de nuevos, la normativa amenaza a las familias con menos recursos, que dependen de vehículos usados asequibles. La patronal Faconauto estima que cambiar los 27 millones de coches de combustión para 2050 requeriría renovar un millón anuales, un objetivo inviable con solo 30.000 eléctricos vendidos en 2024. El precio de los coches nuevos ha subido un 40% desde 2020, y los eléctricos son hasta un 30% más caros, lo que dispara la demanda de usados.
Agenda 2030/TimoClimático
— AntonioMYC (@AntonioMyc00) July 8, 2025
La UE, aunque tengas la ITV pasada y el coche en perfecto estado, te obligará a retirar de circulación el automóvil por un Certificado de "Vida Útil" que se van a sacar de la manga, limitando tu movilidad y obligándote a gastar un pastón en otro coche
Contexto de la Transición Climática
La medida se alinea con la prohibición de vender coches de combustión nuevos a partir de 2035, acordada por la UE en 2023, que exige cero emisiones de CO2 para turismos y furgonetas. El acuerdo, respaldado por el Parlamento Europeo, incluye una cláusula para combustibles sintéticos neutros en carbono, pero no aborda el mercado de segunda mano. Desde 2025, Bruselas desarrollará una metodología para evaluar el ciclo de vida completo de las emisiones de vehículos, incluyendo combustibles y producción, como parte del paquete Fit for 55, que busca reducir emisiones un 55% para 2030 respecto a 1990. Euro 7, implementada en 2026, también regulará emisiones no relacionadas con el escape, como frenos y neumáticos, afectando a los coches de combustión más antiguos.
Sin embargo, la normativa ha generado resistencia. En 2023, Alemania logró incluir los combustibles sintéticos tras negociar con Bruselas, y el Partido Popular Europeo ha propuesto revertir la prohibición de 2035, criticando la “ideología de la prohibición”. En España, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, calificó la meta de 2035 como un “disparate” por su impacto económico y social, especialmente en un país donde los eléctricos representan solo el 4% de las ventas. La Comisión Europea desmintió en 2024 rumores sobre prohibir reparaciones de coches viejos, aclarando que el objetivo es evitar la venta de vehículos “irreparables” por seguridad y contaminación, pero el certificado de vida útil refuerza la percepción de una transición forzada al eléctrico.
Críticas y Reacciones Sociales
VOX y sectores conservadores han calificado la medida como una “persecución” a los vehículos de combustión, acusando a Bruselas de limitar la libertad de movilidad. En redes sociales, usuarios como @AntonioMyc00 han denunciado que el certificado es una maniobra para obligar a comprar coches eléctricos, mientras @romecaldes lo tilda de “ruina” para las familias. La percepción de una agenda climática elitista se intensifica con medidas como el aumento de impuestos a combustibles fósiles y multas de 95 euros por gramo de CO2 excedido por vehículo vendido, que podrían encarecer los coches hasta 2.000 euros. En 2024, Hyundai enfrentó posibles sanciones de 50 millones por no cumplir con la normativa CAFÉ, un sobrecoste que trasladan los fabricantes a los consumidores.
La Comisión Europea argumenta que el certificado protege contra la venta de vehículos inseguros y reduce la contaminación, que afecta la salud en núcleos urbanos. Según un Eurobarómetro de 2022, el 63% de los españoles apoya normas de calidad del aire más estrictas, pero la crisis económica, con un 28% de niños en riesgo de pobreza, genera rechazo hacia medidas que encarecen la movilidad. Organizaciones como Ganvam sostienen que el objetivo es evitar fraudes en el mercado de segunda mano, no forzar la electrificación, pero la falta de claridad sobre los criterios del certificado alimenta el escepticismo.
Un Futuro de Movilidad Restringida
El certificado de vida útil de Bruselas, junto a la prohibición de coches de combustión en 2035, refleja el compromiso de la UE con la neutralidad climática, pero también expone tensiones sociales y económicas. En España, donde los vehículos eléctricos son inaccesibles para muchos, la medida podría agravar la desigualdad, forzando a las familias a deshacerse de coches funcionales. La falta de inversión en combustibles sintéticos y la presión sobre los fabricantes para electrificar sus flotas contrastan con la realidad de un mercado de segunda mano en auge. Sin una transición equitativa que contemple las necesidades de la clase media, la normativa corre el riesgo de ser vista como una imposición que prioriza objetivos climáticos sobre la libertad individual. El debate sobre la movilidad en Europa está lejos de resolverse, con el certificado de vida útil como nuevo punto de fricción.
Bruselas impone un certificado de vida útil: ¿sostenibilidad o ataque a la movilidad? 🚗
