El 27 de junio de 2025, un reportaje destacó el aborto como una industria que factura millones de euros en España, operando bajo el amparo del Estado y generando intensas controversias. Cada aborto en clínicas privadas cuesta entre 300 y más de 2.000 euros, dependiendo de la semana de gestación, mientras que un parto natural en el sistema público ronda los 150-200 euros. En 2023, se notificaron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 4,8% más que en 2022, con el 81,45% realizadas en centros privados debido a la objeción de conciencia de muchos médicos públicos. La Ley Orgánica 1/2023, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas y a menores de 16 años sin consentimiento paterno, ha intensificado el debate. En un país donde el 23% de los hogares no tienen ahorros, esta práctica enfrenta a defensores de los derechos reproductivos con quienes la ven como un negocio que mercantiliza la vida humana.
Un Negocio en Crecimiento
El aborto en España genera ingresos millonarios, especialmente para clínicas privadas. Los abortos farmacológicos, hasta la novena semana, cuestan entre 300 y 700 euros, mientras que los quirúrgicos con anestesia general, hasta las 12 semanas, rondan los 400 euros. A partir de las 17-18 semanas, los precios alcanzan los 950 euros, y entre las 21-22 semanas, oscilan entre 1.450 y 2.000 euros, sin incluir gastos adicionales como ecografías o atención por complicaciones. En contraste, un parto natural en un hospital público cuesta entre 150 y 200 euros, lo que pone en cuestión las prioridades del sistema sanitario. Según Álvaro Ortega, presidente de la Fundación +Vida, el aborto es una “actividad multimillonaria” que se nutre de la objeción de conciencia de los ginecólogos públicos, derivando a las mujeres a clínicas privadas.
Por cada aborto la empresa que los practica (con carácter general multinacionales) obtiene en España unos 6.000€.
— Jose María Figaredo (@FigaredoJoseM) December 25, 2024
Si cada año se provocan 100.000, este negocio de la muerte genera unos 600.000.000€.
Así que ni salud, ni derecho… es simplemente un negocio de muerte. https://t.co/wnc1VWKx4n
En 2023, el 69,77% de las IVE se realizaron mediante métodos quirúrgicos, aunque los farmacológicos son mayoritarios en comunidades como Cantabria (96,5%) y Cataluña (55,74%). El 75,19% de los abortos se practicaron antes de las ocho semanas, y el 93,94% fueron a petición de la mujer, con un 45% de ellas sin usar anticonceptivos. La tasa de abortos en España, de 11,7 por cada 1.000 mujeres, es inferior a la media mundial (39 por 1.000), pero superior a la de países como Alemania o Italia. Desde 1986 hasta 2022, se han registrado 2,76 millones de abortos, con un 23% de los embarazos terminando en IVE en 2022, especialmente entre adolescentes, con tasas del 80% en menores de 15 años.
Un Marco Legal Controvertido
La Ley Orgánica 1/2023, aprobada en febrero de 2023, consolidó el aborto como un derecho dentro del sistema público, permitiendo a menores de 16 y 17 años decidir sin consentimiento paterno, una medida criticada por sectores conservadores como un ataque a la familia. La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad bajo Irene Montero, también responde al Convenio de Estambul, abordando el aborto forzoso y la esterilización forzada como formas de violencia de género. Sin embargo, la realidad práctica muestra que el 81,45% de los abortos se realizan en clínicas privadas, donde los médicos objetores son menos frecuentes. Esta dependencia de centros privados ha sido señalada como una estrategia para mantener activa una industria lucrativa, con un supuesto fraude fiscal de entre 50 y 150 millones de euros anuales, según un estudio de la Fundación Efrat.
La legislación española ha «evolucionado» desde 1985, cuando se despenalizó el aborto en tres supuestos (violación, malformaciones fetales o riesgo para la madre), hasta la ley de 2010, que permitió el aborto libre hasta las 14 semanas. La reforma de 2023 eliminó barreras, como el consentimiento paterno para menores, pero también generó críticas por no abordar el acoso en clínicas, donde un 89% de las mujeres reportaron sentirse acosadas y un 66% amenazadas por grupos provida, según un informe de ACAI de 2018. La Ley Orgánica 4/2022 penalizó este acoso, pero las tensiones persisten, con clínicas planeando demandas contra asociaciones provida por acusaciones de fraude.
Un Debate Social y Ético
El aborto divide a la sociedad española. Para sus defensores, es un derecho esencial para la autonomía de las mujeres, respaldado por Amnistía Internacional, que señala que prohibir el aborto no lo impide, sino que lo hace más peligroso, con 33 millones de abortos inseguros al año en el mundo. La OMS destaca que los abortos seguros, realizados por profesionales capacitados, son procedimientos de bajo riesgo, y en España, el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual ha reducido los abortos un 13% desde 2010 hasta 2022. Sin embargo, críticos como VOX y la Fundación +Vida lo consideran una “cultura de la muerte” que prioriza beneficios económicos sobre la vida humana. La Iglesia católica, señalada como principal impulsora del movimiento provida, también critica esta industria, mientras el Parlamento Europeo ha acusado a organizaciones como Fundación Madrina de obstaculizar la “libertad reproductiva”.
Libertad reproductiva, este cuerpo es mio y cultura de la muerte. Nos esta llevando a la extinción.
La controversia se intensifica con la fecundación in vitro, donde el “descarte de embriones” es visto por críticos como otra forma de aborto, integrando un negocio que, junto al aborto, se sitúa como el cuarto mayor a nivel mundial, tras el tráfico de armas, drogas y prostitución. La polarización se refleja en las regiones: Asturias y Canarias, con las tasas de natalidad más bajas, lideran los abortos, mientras el 58,01% de las mujeres que abortan son trabajadoras y el 65,52% son españolas. La sociedad, con un 28% de niños en riesgo de pobreza, percibe el aborto como un reflejo de prioridades económicas sobre valores éticos.
Un Futuro de Tensión
El aborto en España, regulado como un derecho, sigue siendo un campo de batalla ético y económico. La industria, que factura millones, opera bajo un marco legal que facilita su expansión, pero también enfrenta resistencias de médicos objetores y grupos provida. Mientras el sistema público deriva casos a clínicas privadas, el debate sobre la vida, la libertad y el lucro se intensifica. En un contexto de crisis económica y polarización, España debe equilibrar el derecho de las mujeres a decidir con las críticas a una industria que, para muchos, mercantiliza lo más vulnerable. Sin un diálogo que reconcilie posturas, el aborto seguirá siendo un símbolo de división en una sociedad que busca respuestas.
Aborto en España: ¿derecho reproductivo o negocio millonario a costa de la vida? 🤰
