El PSOE, junto a Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, CC y BNG, ha presentado una reforma del Reglamento del Congreso que busca establecer un régimen de sanciones para los periodistas acreditados que incumplan normas específicas o afecten el funcionamiento de la Cámara. La propuesta, que no cuenta con el respaldo explícito de Podemos aunque lo apoya, incluye medidas como la prohibición de grabar imágenes o audios sin autorización y castigos para comportamientos que “perjudiquen” la actividad parlamentaria o el trabajo de otros profesionales de la información.
La reforma, centrada en el artículo 98 del Reglamento, responde a lo que los firmantes describen como una “perturbación grave” del derecho a la información, causada por algunos acreditados que “intimidan, faltan al respeto y dificultan sistemáticamente” la labor de otros periodistas. Según el texto, la iniciativa surge de una demanda de colectivos de periodistas que exigen medidas contra “comportamientos inaceptables” en el ejercicio del periodismo parlamentario. Los proponentes aseguran que estas reglas no limitarán el derecho de los medios a informar de manera veraz.
Entre las novedades, se plantea crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por un representante de cada grupo parlamentario y miembros de colectivos profesionales de la información, cuya regulación dependerá de la Mesa del Congreso. Además, se estipula que la Mesa definirá los requisitos para otorgar y renovar credenciales, considerando factores como el respeto al derecho a la información y el buen funcionamiento de la Cámara. En este proceso, se evaluarán posibles infracciones previas del periodista o su medio.
El texto prohíbe explícitamente realizar grabaciones gráficas o sonoras en las dependencias del Congreso sin credencial o autorización de la Presidencia, incluyendo las sesiones de los órganos parlamentarios. También se establece que los grupos parlamentarios podrán designar a una persona para coordinar ruedas de prensa y encuentros con los medios acreditados.
Régimen sancionador: desde apercibimientos hasta revocación de credenciales
La propuesta detalla un sistema de sanciones clasificado en infracciones leves, graves y muy graves. Las leves incluyen omitir datos en la solicitud de credencial o acceder sin permiso a espacios comunes no destinados a los medios, y se castigan con un apercibimiento o la suspensión de la credencial por diez días hábiles. Las infracciones graves abarcan desde incluir información falsa en la solicitud hasta grabar sin autorización, interrumpir ruedas de prensa, desobedecer al personal de la Secretaría General o acceder a zonas reservadas. También se considera grave publicar imágenes obtenidas irregularmente o adoptar conductas que afecten la actividad de la Cámara o de otros periodistas. Estas faltas, así como reincidir más de dos veces en infracciones leves, implican suspensiones de entre diez días y tres meses.
Las infracciones muy graves incluyen faltas de respeto, insultos o ataques a la dignidad de personas en el recinto, grabaciones con dispositivos ocultos, capturas que vulneren la intimidad o el uso de datos personales sin permiso, interrupciones en sesiones parlamentarias y comportamientos que “perjudiquen gravemente” la actividad de la Cámara o de otros medios. Reincidir más de dos veces en infracciones graves también se clasifica como muy grave. Las sanciones en estos casos van desde suspensiones de tres meses a cinco años hasta la revocación definitiva de la credencial. Si la infracción es grave o muy grave, el medio no podrá sustituir al sancionado durante el periodo de suspensión, y si se publica en un medio sin identificar al autor, todas las credenciales de ese medio podrían suspenderse de seis meses a tres años.
Y YA QUE TENEMOS TIEMPO MODIFICAMOS DE PASO EL QUE NOS PERMITA AUSENTARNOS MÁS TODAVÍA.
Cambios en el voto telemático para los diputados
La reforma también modifica el artículo 82.2 del Reglamento para ampliar los supuestos en los que los diputados pueden votar de forma telemática. Se incorporan situaciones graves como el cuidado de familiares cercanos o su fallecimiento, y se equiparan los casos de embarazo, maternidad y paternidad con las citas médicas necesarias para procesos de reproducción asistida, buscando facilitar la conciliación de los parlamentarios.
Esta iniciativa ha generado debate sobre el equilibrio entre la regulación del trabajo periodístico en el Congreso y la protección de la libertad de prensa, en un momento en que las tensiones entre algunos acreditados y los profesionales de la información han ido en aumento. La reforma deberá ser debatida y aprobada en el Congreso para entrar en vigor, un proceso que promete abrir un intenso diálogo sobre los límites y derechos del periodismo parlamentario.
