El Parlamento de Canarias ha convocado por segunda vez a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, para que comparezca este 24 de marzo de 2025 ante la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Su reiterada negativa a recibir notificaciones pone en riesgo una denuncia por desobediencia ante la Fiscalía, en un caso que sigue generando expectación.
El Parlamento de Canarias ha vuelto a citar a Koldo García para que acuda este lunes a las 13:30 horas a la comisión de investigación sobre las adquisiciones de material sanitario en la crisis del COVID-19. García, señalado como uno de los posibles responsables en la venta de mascarillas a entidades públicas a través de la empresa Soluciones de Gestión, ya fue convocado en junio de 2024, pero no se presentó ni se logró notificarle oficialmente. En esta ocasión, la Policía Nacional intentó entregarle la citación, pero él se negó a recibirla, según consta en los registros oficiales.
Ante esta situación, la Cámara regional está considerando medidas más drásticas. Si García no comparece, el Parlamento podría remitir el caso a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia, basado en el artículo 58.3 de su reglamento y los artículos 502.1 y 502.3 del Código Penal. Estos establecen penas de seis meses a un año de prisión o multas de 12 a 24 meses para quienes no acudan a una comisión de investigación tras ser requeridos. Su abogado también rechazó recibir cualquier documentación, lo que refuerza la percepción de que busca evitar el proceso.
El mismo día, la comisión tiene previstas las comparaciones de Yaiza Castilla y Manuela Armas, exconsejeras de Turismo y Educación del Gobierno de Canarias, respectivamente. Ambas deberán responder preguntas sobre la gestión de la pandemia y las decisiones relacionadas con la adquisición de material sanitario. Estos testimonios son parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las responsabilidades en contratos que han levantado sospechas.
La presión sobre García crece, ya que su negativa a colaborar podría agravar su situación legal. La comisión no descarta que su ausencia sea una estrategia para eludir preguntas incómodas sobre su papel en la trama. Mientras tanto, el Parlamento mantiene su agenda firme, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar que se rindan cuentas en este asunto que sigue marcando la actualidad política.
