El 6 de julio de 2025, un reportaje reveló que la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), destina hasta 20 veces más al día en el cuidado de menores extranjeros no acompañados (menas) que en los menús escolares o de residencias de mayores. Mientras el gasto diario por menor migrante alcanza los 177 euros, los menús escolares cuestan 5,50 euros y los de residencias 6,48 euros por persona. Con un contrato de 71,4 millones de euros para gestionar 212 plazas en siete centros, el Ejecutivo madrileño ofrece a los menas alojamiento, cinco comidas diarias adaptadas a sus creencias, ropa, educación y actividades lúdicas. La medida, que responde a la presión migratoria, ha generado críticas de VOX y sectores sociales, que denuncian un trato preferencial frente a las necesidades de los madrileños. En un contexto donde el 23% de los hogares españoles no tienen ahorros, la disparidad en el gasto público aviva el debate sobre prioridades y equidad.
La Comunidad de Madrid invierte 5.50 euros en un menú escolar.
— VALLEKANA 🩷 (@marymixz) July 5, 2025
Se invierte en el menú de la residencias 6.48 €.
Pero sí invierte 4.700 euros al mes por Mena.
Por si acaso quedaba alguna duda. Ellos son parte del problema. pic.twitter.com/pCgdbybOLC
«son menores y hay que acogerles como a todos los demas»
Un Coste Elevado para los Menas
La Comunidad de Madrid gestiona centros de acogida para menas en Casa de Campo, Arbolea, Valverde, Zaguán, Vista Alegre, Acacias y La Cantueña (Fuenlabrada), con un contrato de 59,02 millones de euros (71,4 millones con impuestos) adjudicado en noviembre de 2024. Estos centros, que acogen a 212 menores, ofrecen servicios integrales: alojamiento con limpieza diaria, cinco comidas adaptadas a preceptos religiosos, ropa, calzado, atención médica, educación y actividades recreativas. El coste por plaza, de 177 euros diarios, equivale a 5.310 euros mensuales, una cifra que contrasta con los 5,50 euros por menú escolar y los 6,48 euros por menú en residencias de mayores. En 2024, Madrid invirtió 40 millones en el cuidado de 2.442 menas, y desde 2019 ha atendido a 10.618 menores, según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
La Consejería justifica este gasto como una obligación legal y moral bajo la Ley de Protección Jurídica del Menor, que prioriza la reintegración familiar o la búsqueda de entornos adecuados. Sin embargo, la apertura del centro de La Cantueña, con 96 plazas y un contrato de 23,68 millones de euros, desató polémica. El PSOE de Fuenlabrada, liderado por el alcalde Javier Ayala, intentó frenar su apertura, alegando que era un “contenedor de menores”, pero la Justicia respaldó a Ayuso, priorizando la presión migratoria. El contrato incluye 3,58 millones para cuidado personal y 2 millones para mantenimiento, con servicios como aire acondicionado, calefacción y traslados médicos.
Críticas y Acusaciones de Desigualdad
VOX ha liderado las críticas, calificando el gasto como un “despropósito” que alienta el “efecto llamada” migratorio. En un mensaje en redes, la formación exigió a Ayuso aplicar la Ley de Extranjería para repatriar a los menas, argumentando que la seguridad de los madrileños debería ser prioritaria. Residentes legales, como un inmigrante cubano citado en medios, han expresado frustración, afirmando que el gasto de 5.500 euros mensuales por menor es un “disparate” cuando la sanidad y otros servicios están desatendidos. Las críticas se intensifican tras incidentes en centros como Hortaleza, donde se reportaron peleas, agresiones sexuales y un ambiente de “descontrol” que afecta a trabajadores y vecinos.
El contraste con otros gastos públicos es notable. Los menús escolares, que benefician a 400.000 alumnos en Madrid, tienen un coste de 5,50 euros por día, mientras que las residencias de mayores, con 25.000 plazas, destinan 6,48 euros por menú. En 2023, la Comunidad destinó 6,3 millones a residencias para 340 mayores, un gasto significativamente menor por persona que el dedicado a los menas. Además, programas como las becas de Educación Infantil (1.031 euros anuales por hijo) palidecen frente a los 64.605 euros anuales por menor migrante. Estas disparidades han alimentado la percepción de que el PP prioriza a los menas sobre los ciudadanos locales, especialmente en un contexto de crisis económica y saturación de recursos.
Un Debate sobre Prioridades
El gasto en menas refleja un dilema entre obligaciones humanitarias y demandas sociales. La Comunidad de Madrid, que atendió a 937 menas en 2025 hasta marzo, enfrenta presión migratoria desde Canarias y Ceuta, donde 4.400 menores aguardan traslado. El Gobierno central, con apoyo del PP, asignó 700 plazas adicionales a Madrid, frente a solo 29 a Cataluña, lo que generó críticas por desigualdad en la distribución. La Consejería de Familia insiste en que los servicios cumplen con la ley, ofreciendo menús supervisados por médicos, ropa adecuada y educación, pero casos como el de Hortaleza, con agresiones y hacinamiento, cuestionan la eficacia de la gestión.
La sociedad madrileña, con un 28% de niños en riesgo de pobreza, percibe este gasto como una afrenta. Iniciativas como Madrid Agroecológico han propuesto menús más económicos y sostenibles para comedores escolares, criticando la falta de apoyo a familias vulnerables. Mientras, el PP enfrenta acusaciones de incoherencia: Ayuso ha cuestionado la integración de inmigrantes de países islámicos, pero destina millones a su acogida, incluyendo menús halal. VOX y sectores conservadores denuncian que estas políticas desvían recursos de la sanidad y la educación, mientras el PSOE critica la estigmatización de los menas, defendiendo su derecho a la protección.
Un Futuro de Tensiones
La inversión de 177 euros diarios por menor migrante, frente a los 5,50 euros de los menús escolares, simboliza una fractura en las prioridades de la Comunidad de Madrid. Mientras Ayuso defiende el cumplimiento de la ley, las críticas de VOX y residentes señalan un sistema que parece favorecer a los menas sobre los madrileños. Incidentes en centros como Hortaleza y la saturación de recursos evidencian la necesidad de una gestión más transparente y equitativa. En un contexto de polarización y crisis económica, Madrid debe equilibrar sus obligaciones humanitarias con las demandas de una sociedad que exige igualdad. Sin un enfoque que priorice la cohesión, el debate sobre los menas seguirá alimentando tensiones en la región.
Ayuso gasta 177 euros al día por mena: ¿humanidad o desigualdad frente a los madrileños? 🧒
