El 3 de julio de 2025, el expresidente boliviano Evo Morales presentó una nueva solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que habilite su candidatura presidencial en las elecciones generales del 17 de agosto, desafiando un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilita por haber cumplido tres mandatos (2006-2019). A través de su abogado, Wilfredo Chávez, Morales exigió participar con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), cuya personería jurídica fue anulada en mayo por no alcanzar el 3% de votos en 2020, y restituir el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS) a su facción. Denunciando una “estrategia sistemática de exclusión”, Morales reclama el derecho del pueblo a elegirlo, mientras sus seguidores amenazan con nuevos bloqueos tras protestas violentas en junio que dejaron seis muertos. En un país con un 15% de inflación y escasez de combustibles, la pugna con el presidente Luis Arce y la fragmentación del MAS auguran un proceso electoral explosivo.
Un Desafío a la Justicia Electoral
Morales, líder histórico del MAS, insiste en su candidatura pese a la sentencia del TCP de diciembre de 2023, que prohíbe la reelección más de dos veces, continua o discontinua, al declarar que no es un “derecho humano”. La resolución, ratificada en mayo de 2025, cierra la puerta a un cuarto mandato tras sus gobiernos de 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019. A través de una carta entregada al TSE en La Paz, Morales pidió respetar la “voluntad popular” y habilitar a Pan-Bol, respaldándose en un fallo de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia del Beni que reconoce la personería del partido. Chávez, su abogado, afirmó: “Si el pueblo no nos elige, lo respetamos, pero no pueden proscribirnos”. El TSE, que invalidó Pan-Bol y el Frente Para la Victoria (FPV) por no cumplir requisitos electorales, no ha respondido oficialmente.
La solicitud de Morales también exige devolverle el control del MAS, perdido en noviembre de 2024 tras un congreso liderado por el oficialismo de Arce, que nombró a Grover García como nuevo líder. Morales, quien renunció al MAS en 2025 para formar Evo Pueblo, aún sin personería jurídica, enfrenta un callejón sin salida: sin un partido habilitado, su candidatura depende de revertir decisiones judiciales. Las protestas de sus seguidores, principalmente cocaleros del Chapare, han escalado la tensión, con bloqueos de carreteras en junio que causaron cuatro muertos policiales y dos civiles, además de pérdidas económicas de 3 millones de dólares en Cochabamba. Morales, atrincherado en el Chapare por una orden de captura por presunta trata de menores, niega las acusaciones y califica las inhabilitaciones como un complot del Gobierno de Arce.
Reitero al pueblo boliviano que tenemos sigla asegurada para nuestra candidatura presidencial. En el momento que corresponda lo anunciaremos.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 8, 2025
Sin embargo, recuerdo a las autoridades electorales del país que deben actuar con independencia política. No deben someterse al gobierno,…
Una Fractura que Divide a Bolivia
La pugna entre Morales y Arce, antiguos aliados, ha fracturado al MAS en tres facciones: los “evistas”, leales a Morales; los “arcistas”, que apoyan a Eduardo del Castillo como candidato tras la renuncia de Arce a la reelección; y los seguidores de Andrónico Rodríguez, cuya candidatura también fue inhabilitada. La izquierda boliviana, que dominó entre 2006 y 2020, llega debilitada a las elecciones. Del Castillo, exministro de Gobierno, y Eva Copa, alcaldesa de El Alto con el partido Morena, representan al oficialismo, mientras la derecha, con candidatos como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa, capitaliza la división. Las encuestas muestran un 80% de rechazo al rumbo de Arce, con un 56% apoyando una oposición unida para derrotar al MAS.
La crisis económica agrava el escenario. Bolivia sufre una inflación del 15% interanual, la más alta desde los años 80, y escasez de combustibles y alimentos, que han disparado los precios un 24%. Los bloqueos de Morales, que Arce calificó como un intento de “golpe de Estado”, han aislado ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, afectando el comercio. El presidente acusó a Morales de terrorismo y obstrucción electoral, basándose en un audio, que el expresidente calificó de “montaje”, donde supuestamente pide extender las protestas a La Paz. La tensión política se suma a acusaciones contra Morales por estupro y trata, que lo mantienen refugiado en el Chapare, protegido por una “guardia sindical”.
En un fallo politicamente explosivo, la Justicia de Bolivia inhabilita a Evo Morales para postularse a la presidencia
— LA UNICA Y AUTENTICA (@RosadeLejos6) December 30, 2023
Es un fallo inapelable del Tribunal Constitucional.
Anuló la potestad de la reelección indefinida e impide que Evo se presente como candidato en 2025
La oposición denuncia que el TSE, presionado por el Gobierno, actúa con parcialidad. Un fallo judicial en La Paz ordenó al TSE revisar la personería de Pan-Bol, pero el plazo de inscripción de candidatos cerró el 19 de mayo, dejando a Morales fuera. Sus seguidores planean nuevas marchas, mientras el oficialismo acusa al expresidente de desestabilizar el país para forzar su candidatura. La fragmentación electoral, con nueve candidaturas confirmadas, anticipa los comicios más disputados de la historia reciente, según analistas como Marcelo Ortuño.
Un Impacto Social y Económico Profundo
La insistencia de Morales en participar ha polarizado a Bolivia. Sus bases, principalmente campesinos e indígenas, ven en su exclusión un ataque a los movimientos sociales que lideró durante la “Revolución Democrática y Cultural”. Sin embargo, la crisis económica, con una devaluación del boliviano y un déficit fiscal del 7,8% del PIB, ha erosionado su apoyo. La sociedad, agotada por los bloqueos que impiden el paso de alimentos y combustibles, culpa tanto a Morales como a Arce por la inestabilidad. La derecha, liderada por figuras como Quiroga y Doria Medina, promete un cambio de modelo económico, criticando el estatismo del MAS.
El TSE, bajo presión, debe publicar las listas definitivas de candidatos el 6 de julio. La inhabilitación de Jaime Dunn por problemas fiscales y la renuncia de Antonio Saravia refuerzan la percepción de un proceso electoral caótico. Morales, que en 2019 huyó tras acusaciones de fraude electoral, enfrenta un rechazo del 51% según encuestas, pero conserva un núcleo fiel. La oposición acusa al Gobierno de usar el poder judicial para eliminar rivales, mientras Arce, con un 4% de intención de voto, optó por el Senado para evitar una derrota humillante.
La comunidad internacional, incluyendo la OEA y la UE, exige transparencia electoral. La renuncia de Antonio Costas en 2019 por irregularidades en el TSE resuena en las críticas actuales al organismo, acusado de someterse al Ejecutivo. Las protestas de 2019, que forzaron la salida de Morales tras un fraude denunciado por la OEA, dejaron un precedente de inestabilidad que podría repetirse si los “evistas” intensifican las movilizaciones.
OTRO MÁS QUEDÓ POR FUERA!… El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anuncia que acatará el fallo del Tribunal Constitucional que impide a Evo Morales postularse nuevamente en 2025. pic.twitter.com/ZHbildXUnO
— Liliana Franco (@lilianaf523) November 13, 2024
Un Futuro al Borde del Abismo
La batalla de Morales por volver al poder amenaza con sumir a Bolivia en una crisis más profunda. Su exclusión, respaldada por el TCP, refleja un intento de limitar liderazgos perpetuos, pero su resistencia, apoyada por sectores indígenas, arriesga un enfrentamiento civil. El TSE debe actuar con independencia para evitar acusaciones de parcialidad, mientras el Gobierno de Arce necesita abordar la inflación y la escasez para recuperar credibilidad. La sociedad boliviana, con un 40% en pobreza, exige un proceso electoral que priorice soluciones económicas sobre disputas de poder. Sin un diálogo entre Morales, Arce y la oposición, Bolivia camina hacia unos comicios que podrían ser un polvorín.
Morales pide votar, pero ¿salvará Bolivia o la hundirá en el caos? 🗳️
