Greenpeace ha desatado una tormenta en el campo español con su propuesta de reducir un 88% la producción de carne de cerdo para 2050, según un informe publicado en junio de 2025. La organización ecologista, bajo el pretexto de combatir la crisis climática y la contaminación, apunta al corazón de un sector que representa más de la mitad de la producción cárnica nacional y el 60% de las exportaciones, generando 9.682 millones de euros en 2020. Con 34,5 millones de cerdos, España es el cuarto productor mundial y líder exportador, pero Greenpeace reclama el cierre de macrogranjas, el abandono de la ganadería intensiva y una transición a un modelo agroecológico que, según los ganaderos, destruiría miles de empleos y la soberanía alimentaria. Este plan, que incluye una “dieta de salud planetaria” con menos carne, ha sido tachado de radical por agricultores y partidos como VOX, mientras la sociedad rural teme un colapso económico en regiones dependientes del porcino.
📰La organización ecologista Greenpeace ha publicado un informe según el cual la producción de carne de cerdo en España debería reducirse un 88% de aquí a 2050. https://t.co/y4YQcnLIp3 pic.twitter.com/beiIVMKamU
— AGROPOPULAR (@agropopular) June 20, 2025
Una Propuesta que Sacude al Sector Porcino
El informe de Greenpeace, titulado Revolución alimentaria: urge una transición del inviable sistema actual a un Modelo Alimentario Sostenible, exige reducir la cabaña porcina española de 34,5 millones de animales a menos de 4,8 millones para 2050. La organización argumenta que los 97.900 millones de litros de purines generados anualmente, equivalentes a 29.007 piscinas olímpicas, contaminan el agua con nitratos, violando la Directiva de Nitratos de la UE, que llevó a una condena a España en marzo de 2024. Además, señala que el sector ganadero, responsable del 67% de las emisiones agrícolas, podría aumentar un 20% sus gases de efecto invernadero si no se actúa. “Las macrogranjas son las centrales térmicas del sistema alimentario”, afirmó Luís Ferreirim, responsable de la campaña de ganadería de Greenpeace.
La propuesta incluye prohibir nuevas macrogranjas, cerrar las existentes y fomentar la ganadería extensiva, que representa solo el 6,3% del porcino. Greenpeace asegura que esta transición, con un Plan Estratégico de Ganadería, reduciría un 80% las emisiones y un 57% la contaminación por nitratos, generando un 35% más de empleo rural. Sin embargo, los ganaderos denuncian que el modelo extensivo no puede absorber la demanda actual, que incluye un consumo de 98,79 kilos de carne per cápita al año en España, el más alto de la UE. En X, usuarios han calificado la iniciativa de “ataque al campo”, argumentando que el 88% de reducción equivale a “aniquilar” un sector que emplea a 107.990 personas, el 28% de la industria alimentaria.
El impacto económico sería devastador. Cataluña, con 1,88 millones de toneladas de carne de cerdo en 2019, y Aragón, con 184 cerdos por km², son epicentros del sector. Entre 2013 y 2023, las macrogranjas crecieron un 144%, consolidando a España como líder exportador a China, con un superávit comercial de 7.000 millones en 2020. Los ganaderos, respaldados por ASAJA, advierten que la propuesta de Greenpeace no solo destruiría empleos, sino que aumentaría la dependencia de importaciones, comprometiendo la seguridad alimentaria. En X, usuarios han ironizado: “Greenpeace quiere que importemos jamón de China mientras cierran nuestras granjas”.
Lo que Greenpeace parece no saber es que el 88% de la carne de cerdo 🇪🇸 es jamón ( producto nacional) y uno de los bienes más consumidos por rojos y fachas.
— Goltham 🦇🇪🇺🇪🇦🇦🇷 (@Sergitarium) June 22, 2025
Greenpeace además de salvar focas y ballenas ( lo cual está muy bien) tiene capacidad para hacer informes del jamón!
Vaya! https://t.co/zlMKnCNWtZ
La Cruzada Ecologista: ¿Sostenibilidad o Ideología?
Greenpeace defiende su plan como una respuesta a la emergencia climática, argumentando que el 94% de la producción porcina es industrial, responsable del 31% del metano y el 67% del amoníaco nacional. La organización propone una “dieta de salud planetaria”, con un consumo máximo de 300 gramos de carne semanal por persona, frente a los 275 gramos diarios actuales, y un aumento de legumbres y vegetales. Este modelo, presentado en Valencia en junio de 2025, promete convertir el sistema alimentario en un sumidero de carbono, con una reducción neta del 116% de emisiones. Sin embargo, los críticos ven en esta agenda un “fundamentalismo verde” que ignora la realidad rural.
VOX, a través de su líder en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado a Greenpeace de “querer destruir el campo español” en nombre de una ideología que beneficia a grandes corporaciones de carne sintética, como las financiadas por Bill Gates, según rumores en X. Aunque Greenpeace niega recibir fondos de Gates, la percepción de una agenda globalista persiste. En 2023, una energética demandó a la ONG por 300 millones de dólares, dejándola al borde de la quiebra, lo que refuerza las sospechas de intereses ocultos. Los ganaderos, como los de Lleida, denuncian que las macrogranjas, demonizadas por Greenpeace, son esenciales para competir en un mercado global donde China consume el 33,5% de las exportaciones españolas.
La condena de la UE por nitratos y las advertencias de la Comisión Europea, que reclama frenar la ganadería intensiva, dan peso a los argumentos de Greenpeace. Sin embargo, la organización omite que el 66% de la superficie cultivada en España se destina a piensos, un pilar económico que colapsaría con su plan. En X, usuarios han señalado que la “transición justa” prometida por Greenpeace no explica cómo compensar a los 68.836 ganaderos con explotaciones intensivas, ni cómo evitar la despoblación rural, ya que el modelo extensivo genera menos empleo por hectárea.
Un Modelo Insostenible para el Campo
El impacto de la propuesta de Greenpeace trasciende lo económico. Las macrogranjas, que producen el 93,7% de la carne de cerdo, han permitido a España liderar el mercado global, sacrificando 56 millones de cerdos en 2020, más que la población nacional. Sin embargo, la contaminación por nitratos, que afecta el 22% de las aguas subterráneas, y el uso masivo de antibióticos, que posiciona a España como líder europeo en este ámbito, son problemas reales. Greenpeace calcula que su modelo reduciría un 95% las emisiones agropecuarias, pero los ganaderos replican que el cierre de macrogranjas dispararía los precios, haciendo la carne inaccesible para el 23% de hogares sin ahorros.
La Comunidad Valenciana, que redujo un 25% su cabaña porcina entre 2022 y 2024, es un caso de estudio. Aunque Greenpeace celebra esta caída, el aumento del 29% en macrogranjas durante el mismo periodo demuestra que la transición no sigue su modelo agroecológico. Los ganaderos locales, como los de Per l’Horta, advierten que la dieta de salud planetaria, con su énfasis en legumbres, no compensará la pérdida de un sector que genera el 28% del empleo en la industria alimentaria. En X, usuarios han denunciado que Greenpeace “ignora la cultura del jamón”, un producto nacional que representa el 88% de la carne de cerdo consumida.
La falta de un plan concreto para los 25.000 pequeños productores afectados por la crisis de la ganadería intensiva, según COAG, agrava las críticas. Greenpeace propone un Plan Estratégico de Ganadería, pero no detalla cómo financiar la reconversión de 68.836 explotaciones intensivas ni cómo evitar la quiebra de regiones como Aragón o Cataluña. La organización, que en 2020 lanzó una carta de apoyo a la ganadería sostenible, parece contradecirse al demonizar un sector que, con reformas, podría mitigar su impacto sin colapsar.
Un Futuro Incierto para el Campo Español
La propuesta de Greenpeace pone al campo español ante una encrucijada: adaptarse a un modelo sostenible o defender un sector clave para la economía. Reducir un 88% la producción porcina podría frenar la contaminación y las emisiones, pero a costa de miles de empleos, la soberanía alimentaria y la identidad cultural. España, que sacrificó 910 millones de animales en 2020, necesita un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad, no una revolución que ignore a los ganaderos. La condena de la UE por nitratos exige acción, pero cerrar macrogranjas sin alternativas viables, como la mejora tecnológica o el uso de digestores de purines, es un salto al vacío.
La sociedad rural, con un 28% de hogares en riesgo de pobreza, no puede asumir una transición impuesta desde despachos. Greenpeace debe dialogar con los 107.990 trabajadores del sector, no demonizarlos. Propuestas como usar tierras no cultivables para cultivos de legumbres o invertir en ganadería extensiva local podrían mitigar el impacto, pero requieren fondos públicos que el Gobierno, con una deuda al 103,5% del PIB, no prioriza. España necesita un plan que proteja su campo, no que lo condene al olvido. La “dieta de salud planetaria” no puede ser una receta para la ruina rural.
Greenpeace quiere un campo verde, pero ¿a costa de dejarlo desierto? 🐷
