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Fallo de Telefónica Colapsa Redes en España y Afecta al 112

El 20 de mayo de 2025, un fallo masivo en la red de Telefónica, provocado por trabajos de actualización, dejó sin servicio de telefonía fija e internet a miles de empresas y particulares en España, afectando gravemente a los servicios de emergencias 112 en al menos cinco comunidades autónomas: País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura. La incidencia, que comenzó hacia las 03:00 de la madrugada, obligó a las autoridades a habilitar números alternativos, como el 900 112 088 en Euskadi o el 963 428 000 en Valencia, generando caos y preocupación. Aunque Telefónica restableció el 112 a media mañana, según fuentes de la compañía, las incidencias en servicios fijos persistían en regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía, según Downdetector. Este colapso, tres semanas después del apagón nacional del 28 de abril, expone la fragilidad de la infraestructura de telecomunicaciones y la falta de preparación para gestionar crisis, dejando a la sociedad vulnerable ante fallos técnicos que no deberían ser tan disruptivos.

Aumento de problemas con Movistar en 24 horas.

Un Fallo Técnico con Consecuencias Críticas

La avería, confirmada por Telefónica a ABC, tuvo su origen en una actualización de la red MPLS (red de conmutación de datos), programada para las 03:00, que colapsó los servicios de voz e internet fijos para clientes de Movistar y O2. Según la compañía, el fallo afectó “servicios puntuales” de empresas, pero su alcance fue mucho mayor, impactando a hospitales, centros de salud y servicios esenciales. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reportó cortes en las líneas telefónicas de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, activando planes de contingencia. La Consejería de Presidencia andaluza señaló que el 112 dejó de recibir llamadas entre las 07:15 y las 08:40, aunque el servicio comenzó a reactivarse progresivamente.

El impacto en los servicios de emergencias fue especialmente grave. En el País Vasco, el Gobierno recomendó usar el 900 112 088, mientras Aragón habilitó tres líneas móviles (683 63 82 73, 683 13 46 45, 660 70 58 97). En Canarias, el 112 operó parcialmente, y el Gobierno instó a usar operadores alternativos o acudir a centros de salud en caso de urgencia sanitaria. Aunque Telefónica afirmó que el 112 fue restablecido a nivel nacional, la Generalitat de Cataluña reportó incidencias mínimas, gracias a sistemas de contingencia, mientras Extremadura trabajó sin números alternativos, generando críticas por la falta de preparación. En X, usuarios como @moncholab01 denunciaron una “caída masiva” que dejó ciudades como Madrid y Barcelona “a oscuras digitalmente”, reflejando el pánico colectivo.

La magnitud del fallo, reportada desde las 02:00 por Downdetector, mostró un 72% de incidencias en internet fijo, 18% en ausencia de señal y 10% en apagones totales. Aunque menos severo que el apagón del 28 de abril, que dejó a España sin luz ni cobertura móvil, el incidente reavivó temores sobre la dependencia de una infraestructura gestionada por una sola operadora. Telefónica, que presta servicios a la mayoría de los 112 nacionales, no ha detallado el alcance exacto ni el tiempo estimado para la recuperación total, lo que alimentó acusaciones de opacidad.

Una Infraestructura Vulnerable y una Sociedad Expuesta

Este colapso expone las debilidades de la red de telecomunicaciones española, especialmente tras el apagón de abril, que ya obligó a Telefónica y otras telecos a usar generadores y baterías para sostener servicios esenciales. La dependencia de Telefónica, que gestiona la red MPLS del 112 y otras líneas de tres cifras, plantea riesgos sistémicos. El fallo, aunque técnico, no debería haber paralizado servicios críticos durante horas, lo que apunta a una falta de redundancia y planes de contingencia robustos. En Melilla, un incidente similar en abril forzó el uso de radiocomunicaciones de bomberos para el 061, evidenciando problemas recurrentes en la coordinación.

La reacción en redes sociales refleja el hartazgo social. Usuarios como @jorge_m_sadia culparon al Gobierno, acusándolo de “asaltar” Telefónica al influir en su presidencia, mientras @luis_ventoso ironizó sobre la “maldición” de Sánchez, vinculando el fallo a cambios corporativos. Aunque estas críticas son especulativas, el 60% de los españoles, según el CIS, considera la gestión de crisis técnicas “insuficiente”, un sentimiento amplificado tras abril. La oposición, liderada por el PP, exige explicaciones sobre la fragilidad de la red, mientras el Gobierno guarda silencio, delegando la responsabilidad en Telefónica.

El sector empresarial también sufrió. Empresas en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía reportaron cortes en servicios fijos, afectando operaciones administrativas y call centers. La Cámara de Comercio de Madrid estimó pérdidas de 50 millones de euros por la interrupción, sumándose a los 800 millones del apagón de abril. La falta de claridad de Telefónica sobre las zonas afectadas y los plazos de recuperación agravó la incertidumbre, mientras MasOrange confirmó que sus clientes no se vieron impactados, destacando la ventaja de redes alternativas.

Hacia una Red Más Resiliente

El fallo de Telefónica no es un incidente aislado, sino un síntoma de una infraestructura sobrecargada y poco preparada para actualizaciones críticas. La dependencia de una sola operadora para servicios esenciales como el 112 requiere una revisión urgente. Diversificar proveedores, implementar sistemas redundantes y reforzar los planes de contingencia son medidas necesarias para evitar futuros colapsos. El Gobierno debe liderar un diálogo con telecos y autonomías para garantizar la robustez de la red, mientras Telefónica, que recauda 1.200 millones de euros anuales en servicios fijos, debe invertir en modernización sin comprometer la estabilidad.

La sociedad, aún marcada por el apagón de abril, merece un sistema de comunicaciones fiable. Los fallos técnicos son inevitables, pero su impacto no debería paralizar un país. Sin una acción coordinada, España seguirá a merced de averías que exponen su vulnerabilidad y erosionan la confianza en las instituciones.

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