Red Eléctrica, conocida ahora como Redeia, es una pieza clave en el sistema eléctrico español, encargada de la gestión de la red de transporte de electricidad y de operar como el operador del sistema eléctrico nacional. Su estructura accionarial está estrictamente regulada por leyes nacionales y europeas, diseñadas para garantizar su independencia y su función como servicio esencial. El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mantiene un control del 20% del accionariado, lo que lo convierte en el principal accionista, mientras que el resto del capital está distribuido bajo estrictas limitaciones que impiden a cualquier otro inversor acumular más del 5% del capital social. Este artículo desglosa las leyes y normas que rigen esta estructura, explicando cómo se distribuye el accionariado y las razones detrás de estas regulaciones.
Amancio Ortega se convierte en el máximo accionista privado de Red Eléctrica tras el apagón
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 5, 2025
(Pero a este nadie le pregunta nada.)https://t.co/DaJPYeS3dp
¿Cuántas veces hay que explicarlo? ¿O es que el problema es que no todos pueden tener el 5% de Amancio Ortega?
El Marco Legal que Regula el Accionariado de Red Eléctrica
La regulación del accionariado de Red Eléctrica tiene su origen en la Ley 17/2007, de 4 de julio, que introdujo modificaciones significativas para garantizar la independencia de la compañía frente a otros agentes del sector eléctrico. Esta ley, que actualizó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, establece que Red Eléctrica, como transportista único y operador del sistema eléctrico español, debe operar bajo un régimen especial debido a su carácter de servicio esencial. La finalidad de estas limitaciones es evitar conflictos de interés y asegurar que la gestión de la red eléctrica no esté influenciada por intereses comerciales de otros actores del mercado, como generadores o comercializadores de energía.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, también juega un papel importante, ya que regula la participación de accionistas en empresas cotizadas como Red Eléctrica, que forma parte del IBEX 35. Esta ley obliga a la compañía a informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre cualquier cambio significativo en su accionariado, garantizando transparencia en la estructura de propiedad.
Distribución del Accionariado: El Estado con el 20% y Límites del 5%
El Estado español, a través de la SEPI, controla el 20% de las acciones de Red Eléctrica, una participación que, según la Ley 17/2007, no puede ser inferior al 10% debido a su “régimen especial”. Esta participación asegura que el Estado tenga un rol preponderante en las decisiones estratégicas de la compañía, especialmente en un contexto donde la transición energética y la seguridad del suministro eléctrico son prioridades nacionales. Según el informe de gobierno corporativo de Redeia de 2024, el 70% de las acciones restantes son de capital flotante, es decir, se negocian libremente en bolsa, mientras que el resto se distribuye entre inversores privados con participaciones limitadas.
La Ley 17/2007 establece que ningún accionista, salvo el Estado, puede poseer más del 5% del capital social de Red Eléctrica. Esta restricción busca evitar concentraciones de poder que puedan comprometer la neutralidad de la compañía. Además, los derechos políticos de los accionistas están limitados al 3% del capital social, lo que significa que, incluso si un inversor acumula el máximo permitido del 5%, solo puede ejercer derechos de voto equivalentes al 3%. Para los agentes del sector eléctrico, como generadores o comercializadoras, o quienes posean más del 5% de estas empresas, el límite de derechos políticos se reduce aún más al 1%, conforme al artículo 34 de la Ley 24/1997 del Sector Eléctrico.
Un ejemplo claro de esta distribución es la participación de inversores privados como Amancio Ortega, quien a través de su empresa Pontegadea Inversiones posee un 5% del capital, y el fondo de inversión BlackRock, con un 4,6%, según datos de 2025. Estas participaciones no pueden sindicarse (es decir, no pueden formar acuerdos para actuar de manera conjunta), lo que refuerza la independencia de Red Eléctrica frente a intereses externos. El informe de gobierno corporativo de 2024 también señala que casi el 60% del capital social total está en manos de inversores extranjeros, lo que refleja el atractivo de la compañía en el mercado internacional, pero siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Normas Adicionales y Supervisión
Además de los límites de participación, Red Eléctrica está sujeta a normativas europeas que refuerzan su independencia. El Reglamento (UE) 2019/943 sobre el mercado interior de la electricidad exige que los operadores de sistemas de transmisión, como Red Eléctrica, mantengan una separación funcional y jurídica de las actividades de generación y comercialización de electricidad. Esto se traduce en la obligación de que los accionistas relacionados con el sector eléctrico no puedan influir en la gestión de la compañía más allá de los límites establecidos.
La CNMV desempeña un papel crucial en la supervisión de estas normas. Según la Ley del Mercado de Valores, cualquier variación significativa en el accionariado debe ser comunicada a este organismo. Por ejemplo, el apartado “Participaciones relevantes y Autocartera” en la página web de la CNMV permite consultar las actualizaciones sobre los accionistas de Red Eléctrica, asegurando que no se violen los límites legales. A fecha de cierre del último ejercicio, no existen acuerdos entre accionistas que impliquen un ejercicio concertado de derechos de voto o una política común que pueda influir de manera significativa en la compañía, según Redeia.
Razones y Contexto de las Regulaciones
Las estrictas limitaciones al accionariado de Red Eléctrica responden a su función estratégica como garante del suministro eléctrico en España. La compañía gestiona más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y es responsable de la estabilidad del sistema eléctrico, un sector clave para la economía y la seguridad nacional. En 2024, Red Eléctrica transportó 305.000 GWh de electricidad, de los cuales el 56,8% provino de fuentes renovables, según datos oficiales, lo que subraya su importancia en la transición energética.
Comparado con otros países, el modelo español es similar al de operadores como Terna en Italia, donde el Estado también mantiene una participación relevante (29,85% a través de Cassa Depositi e Prestiti) y se imponen límites a los accionistas privados. En Francia, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) es 100% propiedad del Estado, lo que elimina la necesidad de tales restricciones, pero refleja la misma lógica de control público sobre un sector estratégico.
Un Sistema Diseñado para la Independencia
La estructura accionarial de Red Eléctrica, con el Estado como accionista mayoritario y límites estrictos para los demás inversores, es un reflejo de las leyes diseñadas para proteger su independencia y garantizar su rol como pilar del sistema eléctrico español. Mientras el 20% del capital asegura el control estatal, las restricciones al resto del accionariado evitan influencias externas que podrían comprometer su misión. Sin embargo, la reciente crisis del apagón de abril de 2025 ha puesto en duda si estas regulaciones son suficientes para garantizar la resiliencia del sistema frente a los desafíos del futuro.
¡Red Eléctrica: el Estado manda con un 20%, pero el 5% es el tope para los demás en este juego de poder eléctrico!
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