El Ejecutivo español ha puesto en marcha un ambicioso plan para destinar 65 millones de euros en ayudas destinadas a la digitalización de los medios de comunicación impresos, como parte de su Plan de Acción por la Democracia. Este paquete de subvenciones, que forma parte de un programa más amplio de 125 millones de euros, busca acelerar la incorporación de tecnologías digitales en los diarios tradicionales, con el objetivo declarado de contrarrestar los desafíos que enfrentan frente a las plataformas digitales globales y los medios nativos que recurren al clickbait. Según el Ministerio de Transformación Digital, liderado por Óscar López, la meta es adjudicar estas ayudas antes del verano de 2025, según lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas y sospechas sobre sus verdaderas intenciones, especialmente en un contexto de tensiones entre el Gobierno y ciertos sectores de la prensa.
El programa, gestionado principalmente por la entidad pública Red.es, se centra en los legacy media, es decir, los grandes grupos editoriales como Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Henneo o Prensa Ibérica, que dominan el mercado de la prensa en papel. Estas ayudas, calificadas como “ayudas de Estado”, están diseñadas para financiar proyectos que mejoren el acceso de los usuarios a contenidos digitales, renueven infraestructuras tecnológicas y promuevan la creación de formatos innovadores. El Gobierno justifica esta inversión argumentando que la prensa impresa sufre un “fallo de mercado”, según un informe de la Comisión Europea sobre la financiación pública de medios en la UE. Este fallo se atribuye a dos factores principales: la pérdida de ingresos publicitarios frente a gigantes digitales como Google, Meta o TikTok, y la proliferación de medios digitales que priorizan titulares sensacionalistas para atraer clics, sacrificando la calidad informativa.
Además de los 65 millones destinados a los diarios impresos, el plan incluye una partida de cinco millones de euros para el Programa Kit Media, orientado a medios locales y regionales. Este programa busca promover la “veracidad de la información” mediante herramientas que faciliten el acceso a fuentes fiables y mejoren la transparencia de los contenidos. En 2024, el Ejecutivo ya había activado 35 millones de euros en ayudas similares, enfocadas en ciberseguridad, inteligencia artificial y creación de espacios de datos. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer el ecosistema informativo, alineado con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que entrará en vigor en agosto de 2025 y busca garantizar la pluralidad y transparencia en el sector.
🔴 Detectadas DOS “CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO”
— Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) April 16, 2025
1-Casi 10 millones de € para regar a medios que “hablen del valor de las libertades”
2-Cantidad indeterminada para “Promover los derechos humanos”
El riego de Semana Santa a… pic.twitter.com/tGy5LQee4Z
Sin embargo, la asignación de estas ayudas no ha estado exenta de controversia. El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar estos fondos para favorecer a medios afines y castigar a los críticos, una crítica que resuena en un contexto de creciente polarización mediática. Los detractores señalan que la prensa impresa, lejos de ser ajena al clickbait, también recurre a estas prácticas en sus ediciones digitales para competir por audiencia. Además, datos del Estudio General de Medios (EGM) revelan que los diarios en papel han perdido más de la mitad de sus lectores en la última década, pasando de 11,8 millones en 2014 a 5,6 millones en 2024, lo que representa solo el 13,7% de la población. Esta drástica caída pone en cuestión la efectividad de destinar recursos tan cuantiosos a un sector con audiencias cada vez más reducidas.
El plan también incluye otras partidas, como 15 millones para mejorar la ciberseguridad de los medios, 10 millones para proyectos de inteligencia artificial en grandes y medianos medios, y 19,5 millones en préstamos para iniciativas de digitalización. Estas medidas se enmarcan en los fondos Next Generation de la UE y están vinculadas al Perte de la Nueva Economía de la Lengua, que promueve el desarrollo de tecnologías en español y lenguas cooficiales. Sin embargo, la exclusión de los medios exclusivamente digitales de estas ayudas ha generado críticas, especialmente porque estos suelen ser los que publican informaciones críticas con el Ejecutivo, muchas de las cuales han derivado en investigaciones judiciales.
Comparado con otros países europeos, el enfoque de España no es una excepción. Países como Francia, Italia, Suecia o Austria han implementado programas similares, destinando en 2022 un total de 1.320 millones de euros a sus medios, según el ministro López. Sin embargo, en el caso español, la opacidad en el reparto de los fondos y la falta de criterios claros para su adjudicación han alimentado las sospechas de favoritismo. Por ejemplo, un informe de El Confidencial reveló que, desde la llegada de Sánchez al poder, el Gobierno ha destinado 240 millones de euros a publicidad institucional, con una clara preferencia por los medios impresos, a pesar de su menor alcance digital frente a los nativos.
La reunión convocada por López con los principales editores de prensa impresa, apenas dos días después de anunciar las ayudas, ha añadido más leña al fuego. Este encuentro, al que asistieron representantes de la Asociación de Medios de Información (AMI), ha sido interpretado por algunos como un intento de consolidar alianzas con los grandes grupos editoriales en un momento de creciente escrutinio mediático sobre el Ejecutivo. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que estas medidas buscan proteger el derecho de la ciudadanía a una información veraz, en línea con el artículo 20.1 de la Constitución Española.
En un contexto donde la prensa digital gana terreno y las redes sociales amplifican tanto la información veraz como la desinformación, el futuro de estas ayudas dependerá de su capacidad para fomentar una verdadera innovación tecnológica sin convertirse en un mecanismo de control político. La transparencia en su gestión será clave para disipar las dudas sobre su propósito.
¡Sánchez reparte 65 millones para ‘salvar’ la prensa en papel mientras el clickbait se ríe en su cara! 🤑📰
